Los derechos fundamentales exigen que los Estados generen sistemas que puedan reconocerlos, facilitar su titularización y ejercicio por parte de los ciudadanos.
Por eso podemos hablar de sistema educativo, desde que el Estado consolidó la lógica gradual entre niveles e instituciones que permiten el ejercicio de los derechos a enseñar y aprender en los diferentes niveles educativos en todo el territorio nacional, lo que implica también que el sistema precisa la articulación de nación, provincias y CABA para sostenerse como tal, es decir, cumplir cada uno el rol que le corresponde en garantizar el derecho a la educación.
Pero el sistema educativo, es uno de los tantos instrumentos que tiene el Estado para dar respuesta a la sociedad. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación en las políticas públicas?
Si bien existen muchas y variadas formas de analizar las políticas públicas y como ellas se ubican en cuanto a las prioridades de gobierno, hoy sin dudas el carácter de actividad esencial o no, importa un reconocimiento a cada una de las actividades sociales.
La pandemia y las medidas asumidas para enfrentar al Covid-19 han generado una nueva forma de verificar el lugar de la educación en las políticas públicas.
En el plano internacional vemos que aquellos Estados que otorgan a la educación un lugar central, son los que menos problemas han tenido tanto para sostener la educación, como para volver a la nueva normalidad. En cambio, en países en donde la educación no era algo prioritario, no es extraño que ella no haya sido considerada esencial para el desarrollo de sus sociedades.
Por ello, el informe del Secretario General de la ONU, António Guterres, denominado “La educación en tiempos de Covid-19 y más allá”, presentado el 6 de agosto, advierta que se avecina una catástrofe en la educación mundial, ya que podrían abandonar los estudios unos 24 millones de estudiantes.
Argentina cuenta hoy cuenta con los informes preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica en el marco del aislamiento por Covid-19, que es un relevamiento nacional en el que participaron docentes, directivos y familias, “para obtener información precisa sobre la respuesta del sistema educativo argentino en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19” producidos por el Ministerio de Educación de la Nación y Unicef.
Esos estudios suministraron información valiosa para tomar definiciones. Se ponderan los esfuerzos y se evidencia que la educación se ha visto seriamente comprometida este año, lo que tendrá impacto por lo menos en el futuro inmediato.
Ante esto, ¿Cómo se justifica que algo tan valioso para las sociedades y su porvenir, como la educación, siga sin ser tomada como una actividad esencial?
La educación debe ser prioridad y sostenida de modo accesible para la totalidad de los docentes y estudiantes. La realidad obliga a tomar inmediatas medidas para revertir el retroceso educativo. Ello justifica el trabajo serio en la atención a los déficits formativos, en compensar desigualdades, en facilitar medios, generar condiciones que permitan aumentar las posibilidades y aumentar la dedicación para tener tiempo extra para enseñanzas y aprendizajes, de modo que podamos recuperar lo perdido por la pandemia.
La pandemia educativa no se refleja en negocios cerrados o índices económicos, pero puede tener un impacto social terrible, por eso a nivel global, ONU y UNESCO lanzaron la campaña #SalvarNuestroFuturo. En lo nacional y local, no podemos permanecer inmóviles sabiendo que esa tragedia puede afectar a muchos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
*Miembro Consejo de Gobierno Unesco-Iesalc.
