(...) Otro conflicto que fue in crescendo en forma simultánea al complot militar fue el de los obreros ferroviarios. Hasta 1949, la política de control de precios sobre los productos de consumo popular y los subsidios estatales del peronismo habían generado un aumento neto del sesenta por ciento en el salario obrero. Pero la economía empezó a presentar síntomas de agotamiento. El crecimiento industrial se detuvo, cayeron los precios de las exportaciones y se deterioraron el intercambio comercial, y también el consumo popular. La nueva redistribución del ingreso fue cada vez más difícil de sostener. Fue el fin de la prosperidad de posguerra.
Las demandas obreras no cedían y no bastaba el arbitraje oficial para contenerlas. La política laboral del peronismo se endureció: suspensión de convenios colectivos de trabajo, congelamiento de salarios, fin de subsidios a empresas.
Las comisiones internas de las fábricas que no aceptaban las nuevas reglas y reclamaban por las conquistas laborales fueron puestas bajo vigilancia.
La plantilla ferroviaria fue una de las más observadas. Para no quedar prisioneros del verticalismo peronista, se opusieron a la intervención de su gremio por parte de la CGT. En enero de 1951 se lanzaron a la huelga. Cuarenta dirigentes fueron cesanteados. Según Perón, la huelga comprometía la “seguridad del Estado” que había convertido en ley. La medida de fuerza fue encuadrada como un acto ilegal. Ya estaban prevenidos. “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, en cualquier forma, promoviere la declaración de una huelga de empleados u obreros que presten servicios en reparticiones oficiales o empresas semifioficiales”.
Esto incluía a los ferroviarios: los trenes eran del Estado. Habían sido comprados a las compañías inglesas en 1947. Para los obreros de empresas privadas, las penas con prisión se extendían desde dos meses hasta tres años.
La huelga había dejado de ser un derecho de los trabajadores. Se había transformado en un crimen político.
Evita, que era la garante implícita de la relación entre Perón y los trabajadores, se involucró en forma personal en el conflicto ferroviario. En una oportunidad, secundada por tres autos negros, fue hasta la sede del gremio de la seccional Remedios de Escalada, en Lanús, para reclamar la vuelta al trabajo. Encontró las puertas cerradas: nadie la recibió. Entonces se dirigió a la estación de trenes, se paró en el andén y convocó a los obreros. Poco a poco fueron saliendo de los talleres para escuchar su palabra. Los de Remedios de Escalada estaban entre los más grandes del país. Trabajaban en ellos cerca de cinco mil personas. Evita les pidió que levantaran la huelga en nombre de Perón. Un obrero socialista la retrucó. Evita se ensañó con él. Los obreros, finalmente, rechazaron su propuesta. Evita los mandó a “la puta madre que los parió a todos”. Eso dijo. Les advirtió: “Aténganse a la represión”. Y se fue.
No era una amenaza lanzada al azar.
Al día siguiente, los huelguistas debieron soportar la razia policial que se abalanzó sobre ellos. Perón estaba indignado con la continuidad de una huelga que provocaban “dos mil agitadores” con la anuencia de 148.000 indecisos. El conflicto se militarizó. Los ferrocarriles se militarizaron. El que no fuera a trabajar sería procesado por violar la Ley de Seguridad del Estado y juzgado por el Código de Justicia Militar.
La movilización de tropas en los lugares de trabajo fue reduciendo la fuerza de la huelga. Hubo miles de despidos, cerca de dos mil detenciones. Trescientos obreros fueron encarcelados en distintos penales.
Pero la protesta se retomó algunos meses después. Los ferroviarios seguían en prisión desde principios de año; la sede gremial de La Fraternidad (socialista) había sido asaltada y saqueada. El descontento persistía con huelgas parciales, señales rotas, choques de locomotoras y trenes fuera de servicio.
En agosto de 1951 los civiles que conspiraban contra Perón buscaron la coincidencia entre la protesta ferroviaria, la agitación estudiantil y la insubordinación militar de Menéndez.
Uno de los apéndices civiles que intentó unir las partes fue Juan Ovidio Zavala, dirigente radical de procedencia universitaria. Zavala tenía un grupo llamado “Quinto Regimiento”. Su “comisión técnica”, integrada por estudiantes de Ingeniería y de Química, fabricaba bombas en un laboratorio céntrico. Zavala editaba periódicos clandestinos e interfería las ondas radiales. Ya había cometido varios atentados contra el peronismo: una granada —que no estalló— para descarrilar un tren de campaña que movilizaba a Perón en las elecciones de 1946; una bomba de humo, guardada en una petaca, en una función de gala en el Teatro Colón para importunar la presencia de Perón y Evita; una bomba contra el consulado español y una herida de bala contra un policía, en medio de un cruce violento con militantes de la ALN.
Para la época de la huelga ferroviaria, en agosto de 1951, Zavala era uno de los referentes civiles de la insubordinación militar. Había pasado a la acción: colocó “caños” de gelinita sobre las vías y provocó destrozos. (...)
