Según el diccionario, la acción de fuga implica una evasión, implica una huida, una escapada. Pero para que ello ocurra alguien debe perseguir al fugado. No parece ser el caso de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci Bonini –condenados por el triple crimen de General Rodríguez. El 2015 no deja de sorprendernos. Amaneció con la, aún impune y misteriosa, muerte del fiscal Alberto Nisman y anochece con la “fuga” del preso más famoso del país –Martín Lanatta- y sus dos compañeros en la cárcel de extrema seguridad de General Alvear. Vale la pena preguntarse, ¿se fugaron o “los fugaron”? ¿Es cierto cómo creen algunos especialistas en la materia y abogados en derecho penal que su vida era más segura dentro de la prisión que afuera? ¿Son “muertos caminando”? ¿Quién podría financiar semejante operativo para mantenerlos prófugos con la Interpol y un gobierno, recientemente electo, buscándolos desesperadamente? ¿Qué sabe y a qué le temen los familiares de los Lanatta? ¿Por qué el hermano de Schillaci y la ex mujer de Martín Lanatta están convencidos que terminarán apareciendo muertos? ¿Qué sospecha Aníbal Fernández que, en dos oportunidades, amenazó a María Eugenia Vidal exigiéndole que aparezcan vivos?
El triple crimen de General Rodríguez –investigado periodísticamente con maestría por Rodrigo Alegre y Emilia Delfino- ocurrido en agosto del 2008 provocó un cimbronazo en la política argentina. Sus consecuencias fueron múltiples. Se trató de las primeras muertes “televisadas” del siglo XXI. El caso cobró notoriedad mundial. Provocó la prohibición de la importación de efedrina y fue un golpe brutal a la venta callejera y clandestina de medicamentos truchos. ¿Por qué Néstor Kirchner jamás explicó esa trama que le costó el cargo al Ministro de Salud, Ginés González García? Anoche, en televisión, el propio Saín admitió con su silencio que la presión de los grandes laboratorios, al poder político, existió. ¿Qué pasó?
No sólo eso. El triple crimen abrió sendas causas judiciales: de la mafia de los medicamentos, el negocio de los sindicatos –con la detención de Juan José Zanola incluida-, al cuestionamiento de la financiación de la política, los vínculos del narcotráfico con la campaña de CFK-Cobos 2007 y el affaire “la Morsa” Fernández. Cuando Lanatta ofreció nuevas pruebas sobre su relación con el triple crimen y sus vínculos en el Renar y el ex jefe de gabinete kirchnerista, fue atacado, obviamente, por el poder mediático y gubernamental del gobierno saliente. ¿Por qué, meses después, Marcelo Saín –ex Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual diputado provincial de Nuevo Encuentro- aseguró en televisión que Eduardo Domínguez y Fernando Espinoza le llevaron al grupo Clarín la supuesta operación política? ¿Se trató de una interna del PJ? ¿No es contradictorio creer, como lo hace lo que queda del Frente para la Victoria, que los mismos que se beneficiaron de esa “confesión” ahora financiaron la fuga? ¿A quién se le ocurre que un condenado que tenía autorización para presenciar el parto de su hijo se fugaría ese mismo día? El dato es clave pues, ¿acaso no saben los implicados que el primer lugar que los buscarán será en su entorno familiar?
¿Alguien puede creer la versión oficial ofrecida por el Servicio Penitenciario Federal? Una abogada de amplia experiencia me decía, “les faltó la lima en el pan dulce” pues se habló de un guardacárcel testigo de Jehová que no usaba armas, una pistola de madera y de juguete y un autito que no arrancaba en la puerta del penal. ¿Qué sabía Luis Vittete que tuiteó la madrugada del 23 de diciembre, a la misma hora en la que supuestamente se fugaron los condenados, alertando a María Eugenia Vidal sobre el terremoto político que se le avecinaba? ¿No fue ingenua la flamante gobernadora en dejar que el SPF pasase las fiestas sin una cabeza clara y constituida? ¿A quién hace exactamente referencia Vidal cuando habla de que el narcotráfico no nos ganará la pelea? ¿Estará dispuesta la sociedad argentina a librar esa guerra contra el poder detrás del poder que es capaz de marcarle la cancha a un gobierno a días de asumir? ¿Con qué autoridad moral el kirchnerismo habla de seguridad si no fue capaz de explicarnos qué pasó con Jorge Julio López? ¿Con qué fuerzas de seguridad cuenta Vidal y el Presidente electo Mauricio Macri? ¿Con sectores de la policía bonaerense que armaron la causa Candela Rodríguez y le tiraron el cuerpo al ex gobernador Daniel Scioli a días de una elección?
¿Quién querría tener a un abogado defensor, Roberto Casorla Yalet, que te trata de psicópata y que desmiente tu confesión en televisión? ¿Quién le pagaba los honorarios del prestigioso abogado cuando representaba a los Lanatta? ¿Por qué no apeló la sentencia? ¿Quiénes son realmente los hermanos Lanatta? ¿Los perejiles sin cerebro que describió Casorla Yalet en televisión o los maquiavélicos psicópatas asesinos que operaron en el 2008 según el mismo abogado? ¿Por qué está tan seguro que no tienen la inteligencia suficiente para mantenerse prófugos? ¿Quién amenazó a Daniel Schillaci para que no hablase de Aníbal Fernández? ¿Quién le quita la sospecha que recaerá sobre el ex jefe de gabinete si se produce un posible sangriento final de la vida de los Lanatta? ¿Hay alguien más interesado en que aparezcan con vida, además de sus familiares, que la supuesta “morsa”?
Más allá de sus intenciones, ¿podrá Cambiemos combatir realmente a la impunidad enquistada en la Argentina de los últimos 30 años? ¿Lo puede hacer manteniendo a las segundas y terceras líneas en los servicios de inteligencia y en las fuerzas de seguridad? Los brazos caídos de un sector del servicio penitenciario frente la “fuga” de los Lanatta”, ¿tiene relación con los proyectos de construir cinco nuevos complejos penitenciarios y combatir la corrupción interna? ¿No es un error anunciar algo cuando enfrente no hay “nenes de pecho”?
Hubo un tiempo, en un país cercano llamado Colombia, en que un Estado combatió, a sangre y fuego, un poder inmenso dominado por un solo hombre: Pablo Escobar Gaviria. Compraba voluntades, asesinaba políticos y periodistas, incendió el palacio de la Corte Suprema de Justicia para quemar pruebas y negoció su libertad durante años. Corrompió a un pueblo. Fue una batalla con idas y vueltas. ¿Cuántos potenciales líderes del negocio del tráfico de estupefacientes operan en la Argentina? ¿Se animará el Presidente Macri a ir a fondo? ¿Aguantará el pueblo argentino las consecuencias de atacar directamente el corazón de las mafias? ¿Cómo tomará la opinión pública un desenlace que, según expertos y familiares de los Lanatta, termine con la vida de los tres protagonistas de esta historia? Peor aún ¿y si jamás aparecen?
(+) Especial para Perfil.com | Twitter: @luisgasulla
