A los 31 detenidos les imputan delitos graves

El Juzgado Federal N° 5 tramitaba ayer las testimoniales de integrantes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión del viernes. El objetivo del juez Marcelo Martínez de Giorgi era iniciar hoy las indagatorias de los 31 detenidos por supuesta intimidación pública, un delito federal con penas de entre 2 y 6 años de prisión. En el Gobierno apuntaron a grupos organizados y sostuvieron que se les imputó un cargo federal porque se atacaron dependencias oficiales.

En el juzgado también analizaron videos de los incidentes. Fuentes judiciales afirmaron que allí se observaba que la manifestación se desarrollaba de forma pacífica hasta que un grupo se separó y comenzó los incidentes. En las testimoniales, los responsables del operativo apuntaron que los detenidos “tiraban piedras”, realizaron “agresiones” o estaban en “actitud sospechosa”.

En tanto, un importante funcionario del área de Seguridad sostuvo que los incidentes fueron impulsados por “grupos anarquistas que ven terreno fértil para hacer quilombo”. Si bien en el Gobierno circunscribieron los desmanes a grupos pequeños, lo tomaron también como un indicio fuerte ante un posible efecto contagio (ver página 2).

Desde la Ciudad explicaron a PERFIL que durante las primeras horas se trabajó con juzgados contravencionales, hasta que se constató que los incidentes habían incluido ataques a dependencias federales, entre ellas la Mutual de Suboficiales de Gendarmería. También se informó que los incidentes dejaron 17 uniformados heridos, una policía sufrió, aseguraron, un fuerte corte en la cabeza.

Las mismas fuentes indicaron que quienes provocaron los incidentes se movieron de forma organizada, lo que les permitió sostener por mucho tiempo las sucesivas “barricadas” que montaron a lo largo de Avenida de Mayo. Además de los detenidos por los incidentes en la manifestación, en un hecho separado se apresó a dos personas que intentaron ingresar en la madrugada del sábado a la Casa Rosada.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Antirrepresiva (Correpi),  sostuvo que se salió a detener al “voleo” y sugirió que hubo “llamadas oficiales” para definir que los detenidos fueran imputados por la figura de “intimidación pública”. Para Verdú, “hubo llamadas” para que se opte por la tipificación más dura que dejó a los presos a disposición del juez federal de turno.