Mediante una solicitada publicada en los diarios más vendidos del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció al Gobierno por haber puesto en marcha una persecución fiscal mediante la AFIP contra los medios gráficos y audiovisuales.
El texto indica que, entre otras consecuencias, la medida puede llevar al cierre definitivo de muchas pequeñas y medianas empresas periodísticas ya que "amenaza la independencia económica y editorial de la prensa, la diversidad de voces y la libertad de expresión",
“Presión confiscatoria: riesgo para la supervivencia de medios periodísticos en todo el país”, se titula el texto que entre sus párrafos más críticos señala que la medida asumida desde la Casa Rosada “constituye la amenaza más grave para la prensa desde el retorno de la democracia”.
El accionar de la AFIP implicará, para la Asociación, “un golpe de gracia para el pluralismo y la libertad de expresión en Argentina”. Además, ADEPA señala que la persecución se concreta, “ sugestivamente, en un año electoral" y le pide a la AFIP que cese en su “actitud conminatoria, carente de legitimidad".
Repaso. Según explica la entidad, a partir de la recesión de 1998, los sucesivos gobiernos buscaron "aumentar la presión tributaria a la prensa", imponiendo cargas progresivas, primero a la publicidad y luego a la venta de ejemplares, "que alteraron de manera abrupta la ecuación económica de las empresas periodísticas".
Luego relata que, ante el riesgo de un quebranto masivo, en 2001 se estableció un plan de competitividad para el sector y que en 2003 se dictó un Decreto que extendió por seis meses los efectos de dicho régimen, por el cual "el Estado se obligó a establecer una solución definitiva para corregir el desequilibrio generado en el sector".
"Ante la prolongada inacción estatal", la prensa acudió a la Justicia y a través de dos medidas cautelares, el Poder Judicial ordenó mantener el statu quo y autorizó expresamente a seguir computando los gravámenes de acuerdo al régimen anterior.
ADEPA afirma que una de esas medidas se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la interposición de un recurso extraordinario con efecto suspensivo, "concedido por razones de 'gravedad institucional'".
Según la entidad, pese "a la claridad de dicha protección judicial, sugestivamente desde hace tres meses la AFIP se encuentra intimando, de manera abusiva, a centenares de medios de prensa de todo el país a través de cartas-documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras herramientas de presión".
