Una de las contradicciones más flagrantes en las que incurre el Gobierno es que bajo la invocación de una mayor presencia del Estado, deslegitima permanentemente su intervención. Hoy, existe en todo el mundo un consenso bastante extendido acerca de la necesidad de que el Estado cumpla un importante rol regulador. Si alguien tuviera alguna duda, el escándalo que ha estallado alrededor de la "mafia de los medicamentos" prueba la necesidad de contar con un estado eficiente, que cumpla con su rol fiscalizador. Lamentablemente, pese al uso generoso de la retórica, en la Argentina se marcha en la dirección contraria.
La primera evidencia del descuido por lo público estatal se verifica en el incremento geométrico de las prácticas clientelares. No existe método más efectivo para desprestigiar el rol del Estado que perforarlo y degradarlo con la incorporación de miles de funcionarios improvisados, designados en mérito a su militancia política.
Por otra parte, la incorporación de negocios privados, fracasados por el sobredimensionamiento de personal improductivo, como en el caso de Aerolíneas Argentinas, equivale a endosarle al Estado nuevas redes clientelares.
En el caso de la "estatización" del fútbol, el fenómeno alcanza dimensiones fellinianas (por el Fellini de "Amarcord"), puesto que se ha incorporado a los presupuestos del Estado la alimentación de un negocio seudo-mafioso, con barras bravas incluidas.
La decisión política de acabar con "el secuestro de los goles" es reveladora de la miopía e imprevisión con que se adoptan las iniciativas gubernamentales. Influye el hecho de que estamos ante resoluciones personalistas, que se adoptan en ámbitos muy reducidos, sin exponerlas a un debate entre especialistas y guiadas por el indisimulado motivo de castigar a un multimedios identificado como "enemigo".
El problema consiste en que los caprichos presidenciales o para ser más exactos, del consorte presidencial, quedan luego como pesadas herencias en los presupuestos del Estado.
Es bueno tomar como ejemplo de contraste el modo en que España ha regulado las transmisiones audiovisuales de eventos deportivos de especial relevancia, sin arriesgar un solo euro de los presupuestos del Estado, para demostrar que bastaba una normativa inteligente para alcanzar los mismos objetivos con los que se ha justificado la estatización del negocio del fútbol en la Argentina.
En España, todos los acontecimientos deportivos que sean declarados de interés general por un plural Consejo para la Emisiones Deportivas, deben transmitirse en directo en emisión abierta para todo el territorio del Estado y concederse a las cadenas que transmiten sin codificar, para que dichos acontecimientos sean accesibles a la población.
La ley española ha establecido como obligación lo que venía siendo una práctica aceptada por los clubes de retransmitir cada sábado o domingo, en emisión abierta, el partido de fútbol de primera división de mayor interés deportivo dentro de cada jornada, elegido libremente por los operadores.
En relación con los goles, se recoge el derecho a la información deportiva, concediendo la libertad de acceso de los medios de comunicación social a los estadios y recintos deportivos, sin contraprestación económica alguna, para facilitar la emisión de hasta tres minutos de noticias o imágenes en telediarios o espacios informativos, por competición. De este modo, los españoles pueden ver los goles al final de cada jornada sin que los presupuestos del Estado se vean afectados en lo más mínimo.
Otro ejemplo de miopía estatal lo ofrece la reciente sanción en Diputados del anteproyecto de ley de servicios audiovisuales, que omite regular la denominada "pauta oficial", es decir el pago que se hace por la publicidad oficial.
Como es sabido, el reparto de ese tipo de publicidad de modo arbitrario, premiando a los medios amigos y restándosela a los medios considerados "opositores" es un recurso abusivo más que habitual del gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales.
Hay diarios de muy poca circulación que reciben cuantiosas subvenciones oficiales, que no guardan la menor relación con las ediciones que vende. Un problema similar se produce con la publicidad electoral de los partidos políticos. La Ley que los rige ha intentado regular, sin éxito, los gastos de los partidos en las campañas para evitar que algunos de ellos reciban el apoyo económico de grandes grupos corporativos que puedan luego reclamar "retornos" en forma de privilegios en adjudicaciones de obras públicas o en la recepción de subvenciones.
Todas estas situaciones, que dan lugar al manejo arbitrario de los recursos del poder estatal o corporativo, podrían ser perfectamente solventadas con una legislación que regulara los derechos informativos de modo similar a los eventos deportivos relevantes en España.
Bastaría establecer, entonces, la obligación de los medios de insertar la publicidad oficial como fruto de una carga pública, sin contraprestación alguna y fijando los segundos por día en que radios y televisiones ofrecerán este servicio, para de este modo evitar que los presupuestos del Estado sean dirigidos de un modo selectivo.
Naturalmente, habría que establecer también algunas limitaciones a la pauta oficial. No deberían tener acogida fenómenos como el de Chávez en Venezuela, que obligó a retransmitir en cadena nacional a todo el país, el festejo de su 50 cumpleaños.
(*) Agencia DYN
