POLITICA
Expropiacin inminente

Aerolíneas: rápido dictamen de comisión en el Senado

La mayoría oficialista respaldó el proyecto con media sanción de Diputados. La oposición, como en la Cámara Baja, no pudo acordar una posición común.

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La mayoría oficialista del Senado dio su aval al dictamen que propone respaldar el proyecto con media sanción de Diputados que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus firmas dependientes Jet Pack, Optar y Aerohandling.

La oposición en cambio no logró acordar un texto común, por lo que el radicalismo presentó una propuesta de expropiación de los activos, sin que el Estado deba adquirir los pasivos.

Los senadores deliberaron en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transportes, que encabezan los oficialistas Nicolás Fernández y Eric Calcagno, en tanto el oficialismo promovió la firma de dictámenes para dejar habilitado el tema para la sesión que será convocada para el miércoles 17 de diciembre.

El titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, dijo que el gobierno quiso primero llegar a un acuerdo "pero nos encontramos ante la actitud de empresarios españoles muy lamentable, porque hubo un proceso de vaciamiento que empezó el propio estado español a través de Iberia. Hay responsabilidad del Estado español en esta situación que se quedó con los mejores aviones, las líneas y después se la pasó a un grupo privado (Marsans) por cero peso, que después tuvo un comportamiento casi depredador".

"Con esta gente no hay alternativa: la expropiación es el único camino que dejaron empresarios que tomaron este negocio con el concepto de vaciar la empresa y producir un servicio deficitario", pero no puede ser parcial, como plantea el radicalismo, porque tienen "el derecho de unidad orgánica de funcionamiento de la empresa".

A su vez, el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, cuestionó la falta del secretario de Transporte, Ricardo Jaime y la del gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, a la reunión de evaluación para que pudieran dar precisiones sobre las negociaciones y afirmó que "el Poder Ejecutivo ha hecho todo y ahora llegamos a la expropiación en las peores condiciones".

"El acta-acuerdo entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime y el grupo Marsans estuvo mal hecha y compromete los derechos del Estado", sostuvo, tras acusar a los empresarios españoles de "vaciar la empresa" y luego afirmó que con los aportes de mil millones que dispuso el gobierno desde que se hizo cargo de la gestión de AA, "el estado está gastando 3.500 millones de pesos" en la adquisición de las compañías.

Por su parte, la justicialista disidente puntana, Liliana Negre de Alonso dijo que el artículo 6 del proyecto "tiene una tentativa de impunidad", porque "excluye de la investigación a los representantes del Estado que han tenido a cargo el control de la empresa y los libera de todas las irregularidades y los ilícitos penales que pudieron haber incurrido".

Negre agregó que con la iniciativa "estamos nacionalizando la deuda de una empresa privada" y "no debemos pagar la fiesta del grupo Marsans".

En tanto, el socialista santafesino Rubén Giustiniani dijo que "la historia de Aerolíneas es la crónica de un saqueo" y opinó que el proceso de negociación "fue un partido de truco entre tramposos, entre el grupo Marsans y Ricardo Jaime, por eso sabíamos que iba a terminar mal".

El oficialista Eric Calcagno, presidente de la comisión de Infraestructura, desechó que el grupo Marsans vaya a recurrir a la CIADI en queja por la expropiación y citó un artículo del diario conservador español, el ABC de Madrid, en la que representantes de la compañía aluden a renuncian a apelar a ese organismo para reclamar por la medida que en su momento consideró "confiscatoria".
La iniciativa había sido sancionada por la Cámara de Diputados con el apoyo de 153 votos afirmativos contra 84 negativos, tras aceptar varias modificaciones que incorporaban una distinción entre deuda legal e ilegal, otra que obliga al Estado nacional a participar de las demandas penales por vaciamiento y defraudación de AA, así como la elaboración de un plan general de negocios e inversiones de línea área.

Fuente: DYN