El presidente Alberto Fernández reconoció que le “preocupa la violencia institucional”, luego de la represión a manifestantes que se registró el pasado viernes en una protesta en la ciudad de Formosa, que resolvió volver a Fase 1 de la cuarentena por la aparición de 17 nuevos casos de coronavirus.
Se trata de la primera manifestación del mandatario sobre la situación que atraviesa la provincia que administra Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada.
El escenario genera preocupación en el Gobierno nacional y, según supo PERFIL, fue el jefe de Gabinete ,Santiago Cafiero, el encargado de tomar contacto con Insfrán durante la jornada del viernes para pedir explicaciones. En el entorno presidencial admiten que se sienten “incómodos” con Insfrán porque se niegan a soltarle la mano pero quieren mostrar una rápida intervención, como sucedió durante febrero cuando se acumularon las denuncias por hacinamiento en los centros de aislamiento de Covid.
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El mensaje es claro: el Gobierno no quiere “pagar el costo político de las políticas de Insfrán”, comentan, pero lo cierto es que no hay una clara condena en público a lo que está sucediendo.
En ese contexto, Cafiero le planteó al formoseño que la represión policial “no puede suceder” y le pidió que accione para frenar la escalada de violencia. El eje de la cuestión tiene que ver con que los trabajadores y comerciantes volvieron a ver interrumpida su actividad comercial con el regreso a la Fase 1, tal como sucedió hace casi un año a nivel nacional cuando se declaró la pandemia. Por eso el jefe de Gabinete puso énfasis en tratar de calmar los ánimos de los sectores que no pueden trabajar con las restricciones.
En primer término, Insfrán buscó tranquilizar al Gobierno y anticipó que desde el gobierno provincial están trabajando para dar una ayuda económica específica para los grupos afectados y, al mismo tiempo, avanzando en actos administrativos por lo que reconoció como “excesos” de la Policía en la contención de la manifestación.
Desde Formosa, la explicación es que el aumento de casos que comenzó a registrarse en la ciudad de Clorinda, donde está más avanzada la campaña de vacunación, fue trasladándose a la ciudad capital y por eso indican que se vieron obligados a dar marcha atrás con cierta flexibilización de las actividades que enfureció a los manifestantes el viernes al mediodía.
La secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, condenó tibiamente los hechos registrados del viernes en las inmediaciones de la Gobernación y buscó ligarlo con una “permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, y el uso político de algunos sectores de la oposición”. Las declaraciones motivaron críticas aún más duras de parte de Juntos por el Cambio que ya anticipó posibles denuncias ante organismos internacionales y multiplicó los pedidos de explicaciones en distintos estamentos de Gobierno.
Condena de la Iglesia
La Conferencia Episcopal Argentina envió una carta al obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, en la que expresó que “de ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.
La misiva, firmada por su presidente Oscar Ojea, indica que “es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el Covid 19 dentro de la razonabilidad y el contexto de su circulación” pero condena lo sucedido el viernes en la manifestación en la ciudad de Formosa.
