El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, faltó a la reunión de la Comisión Bicameral que debatió la reforma del Código Civil y Comercial, en la que sobraron cuestionamientos de la oposición sobre la sustracción de la responsabilidad del Estado, que quedó excluída del "predictamen" que presentó el oficialismo.
Sin embargo, ni el ministro ni el vice, Julián Álvarez, se presentaron a dar respuesta ante los bloques de la oposición "por cuestiones de agenda". Por eso, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes pasó a un cuarto intermedio de 24 horas.
De tal forma, el careo entre los integrantes del gabinete y los opositores se concretará mañana, cuando fueron convocados ambos funcionarios para que expliquen los cambios que contempla la propuesta del oficialismo al proyecto original.
Aún así, distintos bloques se anticiparon al debate y lanzaron sus críticas por adelantado. El primero en alzar la voz fue el presidente del bloque radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, quién apuntó sus cañones a la sustracción de la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil y Comercial.
"Nos parece un proyecto inaceptable, porque va a contramano con la doctrina vigente de la Corte Suprema que el proyecto dice respetar, y también va contra decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señaló Gil Lavedra, según consignó El Parlamentario. Para el radical, "no puede desvincularse la discusión de este proyecto de la del Código Civil".
Más tarde, el exmagistrado cuestionó a la diputada kirchnerista Diana Conti, quien había defendido la pretensión de que "el Código sea de derecho privado". Y explicó: "La cuestión no es si se trata de derecho publico o privado. El Código Civil también contiene elementos del derecho público y del derecho procesal".
El macrista Pablo Tonelli fue otro legislador que se sumó a las críticas. El del PRO planteó sus dudas sobre si, a partir de la vigencia del nuevo Código, un particular podrá demandar al Estado por la vía civil, y si habrá un principio subsidiario que determine la homogeneización de la responsabilidad estatal en todo el país, ya que la vía administrativa corresponde al derecho local, no delegado por las provincias.
Defensa acérrima. Tonelli se encontró con la palabra de Graciela Giannettasio, la diputada que encabezó la defensa del oficialismo. Giannettasio negó que la reforma se trate de una "irresponsabilidad del Estado".
La legisladora oficialista explicó que el texto “recoge y ordena la construcción pretoriana” derivada de la interpretación del principio constitucional de propiedad e igualdad ante las cargas públicas –planteado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional-. “No creo de ninguna manera que esto viole la responsabilidad del Estado, al contrario, creo que la reafirma”, aseguró la bonaerense.
