Alberto Fernández asistirá hoy a los tribunales de San Isidro y declarará ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La magistrada busca determinar si una banda de ex espías que interceptaba correos electrónicos de periodistas y políticos también es responsable del espionaje sobre el ex Jefe de Gabinete.
En la causa están acusados Juan Bautista "Tata" Yofre, ex secretario de Inteligencia; Daniel Raimundes, ex secretario general del Ejército; Héctor Alderete, director del portal de Internet Seprin (vinculado a los servicios de inteligencia); y dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Pablo Carpintero e Iván Velázquez. Carpintero es el único que declaró en la causa y logró que se le dictara la falta de mérito. Velázquez está preso en Uruguay con pedido de extradición.
Algunos de ellos critican la investigación: Alderete, por ejemplo, sostiene que el juzgado está influído por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) ya que la jueza Arroyo Salgado está casada con el fiscal Alberto Nisman, quien está a cargo de la causa AMIA y sólo trabaja con esa fuerza en la investigación del atentado. Por eso, el periodista cree que si las interceptaciones las realiza la SIDE, la causa quedará estancada, según el diario La Nación.
Desde la justicia respondieron al matutino con tres argumentos: que la eventual responsabilidad de los acusados no está afectada por quién fuera el juez, que la Cámara Federal y la Cámarara de San Martín no objetaron que ese juzgado se encargue de la causa, y que muchas de las medidas que la SIDE propuso en el expediente no se realizaron.
Alberto Fernández no sólo estaba siendo vigilado ahora, como denunció la semana pasada, sino que es uno de los muchos políticos, periodistas y famosos que eran espiados por la banda, en una causa que la justicia investiga desde mayo de 2007. La noticia recién se hizo pública este año, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, denunció que su casilla de correo electrónico había sido intervenida.
En uno de los allanamientos a las casas de los imputados, los investigadores encontraron un intercambio de e-mails que podría ser entre el entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el agente de Policía Aeroportuaria, Iván Velázquez.
Según contaron allegados a la causa a La Nación, en uno de los mensajes alguien llamado "Iván" le pedía instrucciones a alguien que llamaba "Aníbal". Existe, sin embargo, la posibilidad de que esas cuentas también hayan sido intervenidas por otra persona que las podría haber usado para enviar esos mails, simulando ser sus dueños.