Después de muchos rumores, esta mañana se confirmó la transferencia del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) a la órbita de Jefatura de Gabinete. Así salió publicado en el Boletín Oficial, Decreto 377/2008. Si bien desde el COMFER aseguran que aún no tuvieron comunicación oficial al respecto, el decreto 377 establece la transferencia de ese organismo -que dependía de la Secretaría General de la Presidencia- a la Secretaría de Medios de Comunicación de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Según el decreto, “Razones de mejor administración y aprovechamiento de los recursos hacen necesario concentrar en la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación de la Jefatura de Gabinete de Ministros todas aquellas políticas relacionadas con la administración y supervisión de los medios de comunicación social, como así también con el desarrollo del Sistema Federal de Radiodifusión” y agrega que “la profundización de las políticas públicas en materia de comunicación social llevada a cabo por el Gobierno Nacional” torna menester la transferencia.
El decreto no especifica cuáles son las razones de mejor administración ni cuáles son o cómo se llevará a cabo la profundización de las políticas públicas en materia de medios.
Laura Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano puntualizó al respecto: “A partir de hoy, con la firma del Decreto 377, el COMFER pasa a 'depender' de la Secretaría de Medios de la Nación. En consonancia con la tendencia a la concentración del poder, la Secretaría de Medios ahora no sólo tendrá a su cargo la distribución discrecional y poco transparente de la pauta publicitaria del Ejecutivo, cuyo presupuesto estimado para el 2008 alcanza los 220 millones de pesos, sino que también controlará el otorgamiento de nuevas licencias de radio y TV y sus prórrogas, así como la aplicación de sanciones, gravámenes y multas a aquellos que violen la Ley de Radiodifusión, que data de los años de la dictadura”.
El COMFER, a cargo de Julio Bárbaro, es un área clave, un organismo autárquico con la responsabilidad de regular, controlar y fiscalizar la instalación y funcionamiento de las emisoras de radio y televisión en todo el país (un bocado más que deseado por algunos funcionarios adictos a los medios).
En ese sentido, Alonso vaticinó: “A juzgar por lo sucedido en los últimos años en el manejo de la publicidad oficial, y teniendo en cuenta que no se ha avanzado en las discusiones vinculadas a su regulación, debe alertarse el alto riesgo que implica para la transparencia en el manejo de recursos y la libertad de expresión que se sumen nuevas actividades a la Secretaría de Medios, dañando, una vez más, la calidad democrática”.
En efecto, el traspaso significaría más concentración de poder para la Secretaría de Medios de Enrique “Pepe” Albistur quien en los primeros diez meses del año pasado, administró –a discreción- un presupuesto de publicidad oficial que, según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) superó los 270 millones.
El 16 de febrero, el diario La Nación, publicó una nota en la que resaltaba que tanto Albistur como el albertista Víctor Santamaría estarían detrás de una de las empresas oferentes para la licencia de la AM 750, una de las emisoras porteñas más preciadas porque se encuentra entre La 10 y Radio Mitre.
Esta sola sospecha estaría planteando un conflicto de intereses para un funcionario público, a no ser que Cristina Fernández y Alberto estén pensando en algún cambio.
