Suena tentador: cientos de contenedores repletos de mercaderías que no son reclamadas por nadie, miles de toneladas de zapatos, electrodomésticos, herramientas, tractores o materiales para la construcción durmiendo el sueño de los justos en algún depósito de las 55 aduanas que hay en el país. Su nombre técnico es rezago aduanero, y gracias a una ley sancionada por Eduardo Duhalde en plena crisis post devaluación, el Poder Ejecutivo puede disponer de ellos sin mayor problema para donarlo a quien considere más apropiado. Y el kirchnerismo ha aprendido a hacerlo.
Lo curioso es que el valor de las unidades afectadas por esta metodología fue aumentando a medida que la Argentina fue superando la crisis económica que justificó la modificación legal sobre el destino final de esos bienes: pasó de $1,7 millón de pesos en 2003 a $11 millones en 2006 y a casi $ 25 millones en 2007, año marcado por la campaña presidencial.
El mecanismo es sencillo. La Dirección de Aduanas publica periódicamente el listado de mercaderías en calidad de rezago en el Boletín Oficial y, tal como establece la ley, llama a sus propietarios a retirarlas en un plazo de 30 días –era de 60 días antes de la modificación del Código Aduanero–, pagando previamente las multas de cada caso. Si nadie reclama algún lote en particular –que puede representar desde un saco lleno de pantalones hasta un contenedor de bicicletas o un camión frigorífico–, el Ejecutivo decide si estos elementos son útiles para algún área del Estado interesada en donarlos.
Así, la Secretaría General de la Presidencia que comanda Oscar Parrilli, tal como establece el artículo 4 de la Ley 25.603 del año 2002, puede disponer de estos rezagos “para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social lo aconsejen”.
A partir de ese momento, la Secretaría decide a qué área puede ser cedida esa mercadería, y el destino final depende desde entonces del organismo al que es destinada. Esta situación llamó la atención ya en diciembre de 2005 de la entonces diputada del ARI Fabiana Ríos, preocupada por la posible arbitrariedad a la hora de organizar las donaciones. La actual gobernadora de Tierra del Fuego presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para que la Dirección General de Aduanas informara en detalle sobre la cantidad, clasificación y destino del material de rezago. Pero la iniciativa apenas fue discutida en la Comisión de Economía, y no logró avanzar.
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Alicia Kirchner, encargada de repartir a discreción los saldos de la aduana
Cada vez hay más productos sin retirar en Aduana. El ministerio de la cuñada presidencial los reparte cómo quiera y a quién quiera, sin control alguno.
