POLITICA

Aníbal Fernández, en el ojo de la tormenta por desobedecer a la Justicia

La oposición impulsa una "moción de censura" para removerlo de su cargo. Qué dijeron Argibay y Fayt. ¿Un año de cárcel?

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| Cedoc

Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados interpele al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Buscan impulsar una "moción de censura", que serviría de paso previo a la eventual remoción del funcionario, a causa de las acusaciones de intervenir en el poder judicial.

La idea del radicalismo ya logró la adhesión de los principales bloques de la oposición, tanto en el peronismo disidente y la Coalición Cívica (CC), como en sectores de la centroizquierda.

La ofensiva contra Aníbal Fernández se debe a su decisión de no cumplir una orden judicial por considerarla "inconstitucional". El juez José Sudera había ordenado allanar la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). En ese gremio, la lista opositora lista Celeste intentaba ganarle la conducción a la lista Verde, que responde a la embajadora en Venezuela, la kirchnerista Alicia Castro. La justicia laboral consideró ganadora de las elecciones a la lista Celeste y Sudera intentó hacer cumplir ese criterio, pero el Jefe de Gabinete ordenó impedirlo.

"No podemos aceptar un avasallamiento al Poder Judicial en forma tan descarada", explicó el autor del proyecto, el diputado radical por Jujuy Miguel Angel Giubergia. En diálogo con el diario La Nación, el legislador agregó: "Por eso decidimos recurrir a un mecanismo constitucional para que el ministro dé explicaciones en el recinto y para pedirle al Poder Ejecutivo su remoción".

"Si Aníbal Fernández es abogado, como dice ser, sabrá perfectamente la gravedad de su decisión y tendrá que hacerse cargo de las consecuencias por haber actuado de esa manera", comentó Felipe Solá, jefe del bloque del Peronismo Federal. Por su parte, el líder de los diputados del PRO, Federico Pinedo, aseguró:  "Vamos a acompañar la moción de censura. La desobediencia a la orden judicial significa una ruptura inaceptable en la división de poderes".

La moción de censura es un mecanismo parlamentario, que fue introducido en la Constitución en la reforma de 1994. Cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede aprobarla con el voto de la mayoría absoluta (la mitad más uno del total de legisladores). Sin embargo, para remover al jefe de Gabinete, o a cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo, se requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Hasta ahora, el proceso nunca se realizó en Argentina.

"Hay que avanzar paso a paso y con serenidad hacia el juicio político del jefe de Gabinete. La desobediencia al fallo judicial es una de las causales, pero no es la única", sostuvo a La Nación Elisa Carrió, jefa del bloque de la CC, y aclaró que el proceso deberá esperar hasta marzo, por el receso legislativo.

Por su parte, los legisladores de centroizquierda opositores al kirchnerismo -el llamado "grupo de los once"- también podría apoyar la iniciativa, según informó el diputado Eduardo Macaluse, aunque anticipó que deberá debatirlo con sus compañeros de bloque. "Para nosotros, la libertad sindical es un tema clave. Desobedecer una orden judicial es poner al Ministerio de Trabajo por encima de la Justicia", dijo al matutino.

El delito de desobediencia, según comentó a la prensa el juez Fayt, puede ser penado con entre 15 días y un año de cárcel. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre la actitud de Aníbal Fernández a quien calificó como "piloto de tormentas".

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No es el único problema que Aníbal Fernández -y el Gobierno- tienen con la Justicia. La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, cuestionó ayer al Jefe de Gabinete por desconocer el fallo de la Corte que ordenó reincorporar a Eduardo Sosa, ex Procurador General de Santa Cruz, despedido en 1994 por el entonces gobernador Néstor Kirchner.

"Todavía estamos esperando", dijo Argibay en referencia al caso de Sosa. "Si hay órdenes de los jueces hay que cumplirlas y, si no, hay que discutirlas pero en el lugar donde se debe, que es en los expedientes, en los juicios", agregó la magistrada, quien concluyó: "Si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva, cada cual hace justicia por mano propia".