El próximo martes el presidente Néstor Kirchner y su par chilena Michelle Bachelet se reunirán un una bodega de Maipú, Mendoza, y tienen como principal objetivo anunciar la firma del llamado a licitación internacional del ferrocarril Trasandino Central que volvería a rodar a fines de 2009.
La posibilidad de rehabilitar el tren que unió Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes hasta 1.984 nació como una iniciativa privada de la empresa local Tecnicagua, informa el diario mendocino Los Andes que recordó que cuando en 1999 se pensó en la reactivación del ferrocarril de cargas, la inversión ya demandaba 120 millones de pesos.
Sin embargo, en los últimos siete años –fin de la convertibilidad mediante – el costo necesario para que el ferrocarril vuelva a correr se vio sustancialmente modificado. La última estimación de Tecnicagua asegura que harán falta 436,7 millones de dólares (unos 1.300 millones pesos) para rehabilitar el tren.
El monto estimado es un 264% superior al previsto en el ‘99 si se habla de dólares (y mil por ciento si la cuenta se saca en pesos).
El crecimiento de la inversión requerida es justamente uno de los argumentos que lanzan las voces críticas al Tren Trasandino desde ambos lados de la cordillera, que ponen en duda la rentabilidad del proyecto, informa el diario Los Andes.
“ No creo que pueda ser comercialmente rentable la reinauguración del Ferrocarril Transandino, y me parece que podría constituir un posible punto de conflicto futuro entre las repúblicas hermanas de Argentina y Chile”, asegura Ian Thomson Newman, consultor inglés (nacionalizado chileno) especialista en temas referidos al transporte y ex economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Newman sostiene la misma premisa planteada por un estudio económico de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) que asegura que el ferrocarril sería rentable sólo si los Estados intervienen como socios inversores o lo subsidian.
En tanto, desde la empresa Tecnicagua rechazan estas previsiones y aseguran que el proyecto obtuvo el visto bueno de dos consultoras extranjeras (Parsons Brinckerhoff y Electrowatt Infra) y de ambos gobiernos nacionales, que estudiaron la iniciativa durante 14 meses en el caso chileno, y con 27 especialistas la Argentina.