La corrupción es uno de los grandes temas tabú del Gobierno desde la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los ejemplos de Enrique "Pepe" Albistur y Ricardo Jaime, que tuvieron que renunciar acosados por causas judiciales, demuestran que la problemática de funcionarios non sanctos que caracterizó al menemismo no es ajena al modelo K, pero a pesar de ello no hay iniciativas oficiales para combatir la corrupción.
A diferencia de otros países del continente, como Bolivia por ejemplo, en donde Evo Morales impulsó una durísima ley anticorrupción (denominada "Ley Guillotina") que agrava penas e investiga la fortuna de ex presidentes y funcionarios para recuperar lo robado, en nuestro país diputados opositores denunciaron a Perfil.com que el oficialismo sólo pone palos en la rueda cuando se intenta indagar en posibles hechos de este tipo. ¿Podría Cristina imitar el ejemplo de Evo, a quien llenó de elogios en su última visita al país trasandino?
"Los Kirchner vetan toda norma de esa naturaleza, tengo mis dudas", manifestó a Perfil.com el diputado de la UCR, Miguel Ángel Giubergia, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, al hablar sobre la diferentes alternativas que se proponen en el Congreso para pelear contra la corrupción. "Recién cuando un funcionario se va del poder lo comienzan a investigar, acá la acción tiene que ser concomitante", reflexionó el jujeño en relación a la Argentina, al tiempo que aseguró que en el Congreso "está paralizada la investigación de ilícitos en el Banco Central, como cajonearon hace años la del tema Siemens", denunció.
Christian Gribaudo, diputado del PRO y presidente de la comisión de Obras Públicas, acaba de presentar un proyecto para declarar la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos económico perpetrados por funcionarios contra el Estado, uno de los puntos de la flamante ley boliviana. "Hoy por hoy la iniciativa la puede hacer la oposición, tiene los números, hay muchos diputados del oficialismo dispuestos a debatir", afirmó a este portal. "El oficialismo es oficialismo hoy y oposición mañana, no hay que actuar en forma de corporación".
" Todos sabemos que en la obra pública existe la corrupción, hay sobreprecios y así en todos los ámbitos; en la salud no son sospechas, hay mafias enquistadas, los niveles de corrupción son de los más altos de Sudamérica", relató Gribaudo, quien apuntó que la lucha contra este tipo de delitos " es un deuda de este gobierno y de otros, en este gobierno hay corrupción y mecanismos de control que no funcionan".
Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, quien ha denunciado varios hechos de corrupción durante este gobierno, señala que son varios los puntos de la "Ley Guillotina" boliviana que están en la Ley de Ética Pública, aunque advirtió que dicha norma nunca se reglamentó.
En ese sentido, señaló que la CC presentó un proyecto de Juan Carlos Vega para tipificar el delito de corrupción en el Código Penal, ya que " hoy cuando avanzás sobre algún funcionario es por derivación: enriquecimiento ilícito, fraude o incumplimiento de funciones", enumeró y criticó la inacción del Estado: "No sólo no se ha hecho nada desde el oficialismo para pelear contra la corrupción, estos proyectos que hemos presentado han dormido el sueño de los justos".
La "guillotina política" de Evo. La ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz" de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas (así es su nombre completo) establece que los delitos de corrupción son imprescriptibles, agrava penas e impulsa la retroactividad de la ley, por lo que todas las fortunas de ex presidentes y ex funcionarios sospechadas de irregularidades son objeto de investigación. Otro dato relevante es que permite el juzgamiento en "rebeldía", es decir aunque el acusado no se encuentre presente.
"Seguramente ya nadie va a querer ser político", dijo Evo al promulgarla. En Bolivia, la corrupción le cuesta al Estado entre 200 y 300 millones de dólares anuales; por eso el objetivo de la ley no es sólo la defensa del patrimonio del Estado, sino su recuperación, a través de confiscaciones. El presidente Morales espera recuperar 10.000 millones de dólares que se han sustraído ilegalmente de las arcas públicas en hechos de corrupción.
En nuestro país, estimaron los diputados consultados por Perfil.com, la corrupción le cuesta por año a la Argentina, por lo menos, el triple que a Bolivia: es decir más de 900 millones de dólares. "Es cinco veces más" , arriesgó Gribaudo, quien sostuvo "300 millones no es nada en la Argentina".
Un último dato: en su plataforma electoral de 2007, Cristina Fernández de Kirchner prometió una "lucha frontal y total contra la corrupción y el delito", basada en "la aplicación estricta de la ley y agilización de los procedimientos penales". Hoy, de eso no se habla. Es tal el silencio en torno al tema que, desde que es Presidenta, CFK jamás pronunció la palabra "corrupción" en un discurso oficial.
(*) de la redacción de Perfil.com
