Así lo pudo saber PERFIL al consultar distintas fuentes judiciales: el fiscal Franco Picardi, en reemplazo de su colega Paloma Ochoa –de licencia–, apelaría la semana próxima la decisión del juez Daniel Rafecas de cerrar el expediente. Es que, tal como informó este diario, Ochoa descartó los dichos de Saúl Enrique Paz, el albañil que dijo haber recibido dinero para presentar la denuncia. Pero entendió que eran “verosímiles” las palabras del abogado Mariano Noel Valdez, cuando el 10 de marzo presentó un escrito con párrafos similares a los de Paz. Ahora, serán los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah los que tendrán que decidir si respaldan el cierre dispuesto por Rafecas. Son los mismos que en abril habían ordenado abrir el caso.
Valdez es un abogado misterioso en Tribunales. Nadie lo conoce demasiado, pero una de sus denuncias tiene alto voltaje político: acusó de prevaricato al propio Rafecas, a su par Sebastián Casanello y al legislador de La Alameda, Gustavo Vera, por un asado que éste último organizó este año antes del viaje de los jueces federales a Roma para ver al Papa. El fallecido fiscal Patricio Evers había pedido desestimar la denuncia, pero el espía Antonio Jaime Stiuso se presentó como querellante ante la jueza María Servini y logró mantener abierta la causa. Stiuso argumentó que ese asado podría tener relación con el avance judicial en su contra y un supuesto complot para armarle causas. Vera lo denunció por enriquecimiento ilícito hace dos años. Bajo ese argumento, la jueza Servini lo tomó como víctima en el expediente. Otro frente legal se activará a partir del lunes: el juez Claudio Bonadio le envió ayer al fiscal Jorge Di Lello el trámite para investigar al albañil por falso testimonio y saber quiénes estuvieron detrás del pago. Las fuentes señalaron que ordenarán una batería de medidas de prueba. Tras su confesión, Paz selló sus labios. PERFIL se comunicó con él, pero prefirió guardar silencio hasta asesorarse con un abogado.
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