Autos diplomáticos: Oyarbide retoma la causa y se prepara para indagar a más empleados de Cancillería
El magistrado ya definió cuándo entrevistará a los principales sospechosos.
Analizarán sus patrimonios para ver si hubo coimas.
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Cedoc
La causa que investiga a una supuesta banda que desde la Cancillería habría hecho negocios con autos diplomáticos se reactivó hoy cuando el juez federal Norberto Oyarbide, de nuevo al mando del expediente, ordenó desarrollar desde la semana próxima la suspendida ronda de indagatorias a los principales sospechosos. Además, analizarán las fortunas personales de cada uno de ellos para ver si hubo coimas.
Así lo indicaron fuentes judiciales, que precisaron además que el juez dispuso más citaciones de empleados del Palacio San Martín para obtener detalles de los movimientos de los involucrados.
El empresario Pablo Rodríguez, quien habría intervenido como intermediario de diplomáticos de la embajada rusa, será interrogado el próximo miércoles 23 de abril, en lo que se prevé una de las declaraciones más esperadas por los investigadores.
Es que Rodríguez, el único imputado que no trabajaba en la Cancillería, figuraría en al menos siete de los 93 trámites detectados como irregulares, sería pariente de dos empleadas claves del área Franquicias y tendría una relación muy cercana con Jorge Matas, el jefe de esa área que fue desplazado cuando se destapó el escándalo.
Precisamente, el 21 de mayo cerrará la lista Matas, cuya esposa adquirió un Audi A4 de manos un diplomático ruso, en un trámite que habría sido autorizado por su marido y en el que habría actuado Rodríguez.
Entre Rodríguez y Matas, el juez citó para el 30 de abril y el 7 de mayo respectivamente a Marisol Rodríguez y su madre, María Cristina Santander, las secretarias de Matas que habrían reconocido en el sumario interno de la Cancillería que serían familiares de Rodríguez. Y el máximo responsable del área, el ex director de Ceremonial Marcelo Pujó, deberá presentarse el 14 de mayo.
El único que había llegado a declarar fue Roberto Zárate Barrios, el encargado de la mesa de entradas de Franquicias, que se desprendió de las sospechas pero complicó a la secretaria de Matas y su hija. Es que, según habría dicho, Santander y Marisol Rodríguez mostrarían un nivel de vida más alto al que podrían acceder con sus sueldos.
La investigación se reactivó porque la semana pasada la Cámara en lo Penal Económico finalmente determinó que la causa por los autos diplomáticos debía seguir dividida en dos fueros y no había necesidad de unificación, como pedía el juez en lo penal económico Jorge Brugo.
Así, mientras Brugo avanzará con el delito de contrabando agravado, Oyarbide seguirá adelante con la pesquisa por los funcionarios que fueron responsables de la maniobra. Pero además le agregará la causa que le remitió su colega Claudio Bonadío, en la que aparecía involucrado el gestor Rodríguez, donde se lo investigaba por el uso presuntamente ilegal del auto diplomático.
Las dos causas hasta ahora se vieron virtualmente frenadas a la espera de la definición de la competencia, aunque en ambos juzgados se siguió recibiendo numerosa información. En el juzgado de Oyarbide los investigadores cuentan con informes del Banco Central y del fisco relativos a cuentas bancarias y declaraciones patrimoniales de todos los convocados, imputados de "asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público".
Esos datos buscan indagar en el patrimonio de los principales sospechosos para saber si pudo haber habido supuestas coimas en la adjudicación de las franquicias diplomáticas.
Por lo pronto, en la Justicia argentina no hay diplomáticos sospechados de las supuestas maniobras, según estableció la Corte Suprema de Justicia al avalar la investigación que había iniciado en enero pasado Oyarbide por una denuncia de la Cancillería argentina.
En esa denuncia, el canciller Jorge Taiana pidió analizar penalmente las irregularidades en la mayoría de los permisos dados por el área Franquicias entre 2004 y 2007 y el caso fue radicado en el juzgado de Oyarbide. Pero, al día siguiente, el entonces titular de la Aduana Ricardo Echegaray denunció el contrabando agravado por los impuestos en el fuero Penal Económico.
