El escándalo que se desató en Comodoro Rivadavia (Chubut) a raíz de las escuchas telefónicas que realizó la Justicia tras avances en la causa de narcotráfico "Los Apadrinados" parece no tener fin.
Ahora la oposición política avanzó en el pedido de juicio político contra el intendente Néstor Di Pierro y el concejal titular y jefe de la bancada K, Juan Luque.
El pedido fue presentado el miércoles 8 de julio y sería tratado mañana desde las 11 am por la Comisión de asuntos constitucionales del Concejo Deliberante de la Ciudad. La causa la lleva adelante la titular del Juzgado Federal de primera instancia, Dra. Eva Parcio de Seleme por presunto lavado de dinero, que involucraría al propio jefe comunal y a otros funcionarios. En el marco de la investigación, allanaron la Municipalidad y el Concejo Deliberante a principios de 2015.
El precandidato a intendente por el partido provincial PACH (Partido Acción Chubutense), Gustavo Martin Caro, fue uno de los impulsores. En diálogo con Perfil.com, señaló: "Estos tipos están robando en la ciudad, son investigados en la Justicia por presunto lavado de dinero y malversación, queremos que se esclarezca. Las escuchas son muy graves".
Según detalló el denunciante, "el artículo 126 dice que el intendente y el concejal pueden ser separados del cargo por 6 meses hasta que se aclare todo esto". Para Caro no hay dudas "del rol de Di Pierro, es el conductor de la ciudad y en todas las escuchas está el y su testaferro, Horacio Pagano en todo tipo de negocios, venta de tierras, cooperativas, empresas que prestan obra pública al municipio.
Por su parte, el presidente del bloque de la UCR y titular de la comisión, José Gaspar, le señaló al diario Crónica que "queremos avanzar y efectivizar este pedido de informes que tiene que dar el intendente a los concejales y a toda la ciudadanía".
Narcos y billetes. El escándalo comenzó por la causa "Los Apadrinados" a raíz de denuncias anónimas por ventas de drogas. En total, fueron 16 integrantes procesados por narcotráfico.
Pero la causa de drogas y las innumerables escuchas derivaron en otra investigación que debió llevar a cabo Prefectura Naval Argentina y comenzó en junio de 2014 por supuesta falsificación de billetes. La Justicia avanzó y se encontró con una amplia red de corrupción que ahora tiene en vilo al poder político de la ciudad.
(*) De la redacción de Perfil.com.
