Cae la noche en el Barrio Alberdi, un vecindario de clase media, elegante, pero que no exhibe lujos ni derroches. Desde una esquina avanzan motos. Son cuatro. Cada una está manejada por un encapuchado. Las motos avanzan hasta llegar a una casa de dos plantas de paredes grises y jardín. Entonces empiezan a disparar. Adentro de la casa, el gobernador Antonio Bonfatti y su esposa se tiran al piso. Tres de los tiros ingresan al interior de la vivienda, donde la pareja miraba el partido de fútbol de la Selección. Algunos de esos tiros podrían haber sido fatales. Los disparos no cesan hasta contabilizar 14 impactos en la pared. En ese momento las motos arrancan su marcha a toda velocidad.
Los encapuchados huyen en la noche sin dejar rastros. Dentro de la casa, el gobernador y su esposa tiemblan. En otro punto de la ciudad en las antípodas sociales de ese barrio, un joven se encuentra apoyado contra una pared de chapa de una casilla abandonada en la villa. Es el barrio Nueva Alberdi, centro de la miseria que se extiende en vastos sectores del Gran Rosario. Jorge Giménez está maniatado. Tiembla. Unos hombres le colocan una frazada encima. Giménez se había quedado con un vuelto grande producido en el búnker. Uno de los hombres posa la punta de una pistola en la cabeza. Dispara. Giménez había sido asesinado porque no se puede robar al búnker. Y para que los demás aprendan. Las dos escenas corresponden a episodios de la violencia narcopolicial que asola a Rosario desde hace varios años y que ahora estalló de un modo insospechado. A tal punto que las mafias de la droga, que exhiben una connivencia muy fuerte entre fuerzas de seguridad y delincuentes, no cometieron un magnicidio por centímetros. Se habría convertido en el mayor crimen político de la Argentina moderna.
La causa. La jueza que investiga el atentado, María Luisa Pérez Vara, dispuso ayer la detención de seis sospechosos, luego de ordenar once allanamientos basados en escuchas judiciales. La fiscal Ana Rabin señaló a PERFIL que no se descarta ninguna línea investigativa. En 2012 se contabilizaron 160 homicidios violentos, según cifras oficiales. El ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, informó a este diario que en 2013 se produjeron 164 hechos de esas características. Un estimado de la Universidad Nacional de Rosario apuntaba 200 asesinatos para este año. Es superior a la media nacional de México (ver aparte).
Víctimas. El 1º de enero de 2012 a las tres de la madrugada miembros de una banda de narcotraficantes del popular barrio Moreno terminaron con la vida de “Mono”, “Jere” y “Patón”, tres jóvenes habitantes del barrio, militantes del Frente Darío Santillán. Fueron confundidos con integrantes de otra banda, contra quienes los homicidas buscaban vengarse. Los tres adolescentes murieron acribillados con entre cinco y ocho balas cada uno. “Jere” y “Patón” murieron instantáneamente y “Mono” pudo correr unos metros hasta que se cayó. Llegó vivo al hospital. “Lo habíamos subido a un auto para llevarlo –cuenta Lita Gómez, mamá de “Mono”–. Al llegar le abrí la puerta y me dijo: ‘Por favor, mami, ayudame a respirar’. Levantó la manito y me bajó la cabeza para que lo ayude. Cuando quise hacerlo ya estaba todo frío, estaba muerto”. El dramático relato de la masacre conmovió a la sociedad y se realizaron manifestaciones. La Justicia detuvo a cinco miembros de la banda acusados de ser los asesinos y al comisario Eduardo Carrillo, el suboficial Norberto Centurión y el policía Lisandro Martín, acusados de encubrimiento agravado. Los familiares sostienen que estos uniformados protegían a la banda. “Esta forma del crimen existe desde hace veinte años porque peronistas y socialistas hicieron la vista gorda –sostiene Carlos del Frade, periodista y especialista en el tema–. Las balas que atentaron contra Bonfatti son calibre 45, reglamentarias del Ejército y Policía, y seguro que hay miembros de seguridad implicados en respuesta a las medidas que aplicó el Gobierno recién desde mayo de este año”. Los narcos acrecientan su poder en Rosario y amenazan en asemejar a sus mafias a las de México (de hecho, Luis Medina, que fuera administrador del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, opera en la ciudad). Pedro “Pitu” Salinas, compañero de las víctimas de barrio Moreno, afirma que en las barriadas populares los narcos proveen de comedores y hasta clubes sociales, reemplazando al Estado en la asistencia social. “Así ganan voluntades y reclutan a los ‘soldaditos’, afirma. Así se conoce a los menores de edad usados para vender droga –marihuana y cocaína– en los kioscos llamados búnkeres. De este modo los narcos se aseguran impunidad, ya que los menores son inimputables. Impunidad que se exalta debido a la complicidad comprobada de los policías que comparten ese negocio.
Más muertos que en México
Cuando se la compara con la cantidad de habitantes, la cifra de muertos por el narcotráfico en Rosario supera a la de México, uno de los países de mayor conflictividad en la materia. Los 200 muertos anuales que prevé la Universidad de Rosario significan 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la ciudad santafesina, mientras que en México son siete cada 100 mil. Allí se contabiliza un promedio de 8.333 muertos anuales en los últimos 6 años. Sin embargo, la situación rosarina todavía sigue muy por debajo de Ciudad Juárez (uno de los lugares más violentos de México), donde hay 234 muertos cada 100 mil habitantes (más de 3 mil en 2010), y de Honduras, donde son asesinadas 83 personas cada 100 mil habitantes. El país centroamericano es uno de los que más vio crecer la violencia narco.
Esperan más detenidos en Córdoba
El “narcoescándalo” también sacude a Córdoba. Y suma nuevas aristas a medida que avanza la investigación. Esta semana estuvo signada por la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni a la provincia para encontrarse con el fiscal a cargo Enrique Senestrari. Llegó acompañado por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, quienes viajaron a Córdoba para brindar un fuerte respaldo al fiscal. En los pasillos de Tribunales se especula que fue el “visto bueno” para que cite a declarar a figuras políticas “de peso”, en el medio de la causa que ya le costó el puesto a parte de la cúpula policial y a un ministro cordobés. Senestrari, por su parte, aseguró que los funcionarios se comprometieron a proveer “recursos” para “la investigación”.
Horas después de la visita a Córdoba, Berni encabezó el operativo que decomisó 583 kilos de cocaína, el mayor cargamento de drogas incautado en la provincia. El propio Berni supervisó el procedimiento realizado en la ruta 9, cerca de Sinsacate, al norte provincial, que se completó con otros allanamientos en Buenos Aires, Tucumán y Santiago del Estero bajo el nombre de “Octubre blanco”. A pesar de la visita a Córdoba, Berni desvinculó las causas. “Esto no tiene nada que ver con la denominada narcopolicía”, dijo. Y agregó: “eran tan profesionales, que tendían medidas de contrainteligencia electrónica”.
