El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, solicitó una audiencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para intentar revertir el cierre de una fábrica autopartista de la ciudad de Rosario, donde trabajaban 500 personas, según informa DyN.
El mandatario santafesino también gestionó una entrevista con el embajador de Alemania en Argentina, Günter Kniess, ya que la empresa afectada, Mahle, "es propiedad de capitales provenientes de ese país".
En una carta, Binner manifestó "la preocupante situación" planteada "por el reciente anuncio de cierre de la autopartista Mahle, en la ciudad de Rosario" y solicitó a Cristina "una audiencia para profundizar las soluciones y coordinar estrategias que generen en forma positiva y propositiva la superación de esta situación".
Binner "transmitió a la Presidenta de la Nación la 'entera disposición' del gobierno de la provincia de Santa Fe 'para colaborar en todas las gestiones que sean necesarias para revertir esta situación'", según se informó oficialmente.
Los trabajadores de Mahler siguen en la planta en rechazo de la decisión de la empresa. “Nos quedamos acá hasta que nos devuelvan las fuentes de trabajo”, declaró Claudio Maldonado, delegado sindical, al portal de noticias Rafaela.com , y comentó que los obreros aceptarían que la fábrica sea autogestionada por los obreros o estatizada.
Pero no es el único conflicto laboral en Santa Fe: unos 250 trabajadores de la empresa láctea Cotar reclaman un aumento salarial y dicen que viven una "angustiosa inestabilidad laboral". Asimismo, empleados de Molinos están de paro por una suba de 1.100 pesos, que la empresa ofrece como suma no remunerativa pero ellos reclaman que se incorpore al salario vital y móvil.
Sin embargo, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Carlos Rodríguez, aseguró que “tenemos muy pocos trabajadores despedidos que hayan pasado por el Ministerio de Trabajo, no superan los 50 ó 60 trabajadores", aunque reconoció que "en algunos casos se ha recurrido a un acuerdo”.
La legislatura provincial había prohibido los despidos durante 180 días a principios de diciembre de 2008. Ahora, la Comisión Multisectorial para la Defensa del Empleo, integrada por empresas, trabajadores, legisladores y miembros del gobierno nacional y provincial, propuso extender la medida por seis meses más .