POLITICA
El Gobierno avanza, a pesar de la falta de dilogo

Blanquean temas económicos con reparos morales

Elisa Carrió tiene campo propicio para salir a criticar desde la ética las evidencias de manipulación de cifras y situaciones que el Gobierno, sin desparpajo, acaba de convalidar durante los últimos días.

default
default | Cedoc

Elisa Carrió suele propugnar la Argentina de la dimensión ética. Aunque a veces su falta de tolerancia invalide algunos de los planteos de la moral que propugna, la creadora de la Coalición Cívica tiene campo propicio para salir a criticar desde esa óptica las evidencias de manipulación de cifras y situaciones que el Gobierno, sin desparpajo, acaba de convalidar durante los últimos días.

Así, los titulares de toda la semana blanquearon situaciones, la mayor parte económicas, que en algunos casos sirvieron para disimular mentiras flagrantes, en otros para incentivar las chances electorales de Cristina de Kirchner y en otros más para confundir y patear la pelota para adelante, cuando las elecciones ya hayan tenido lugar y el/la próximo/a presidente/a se haga cargo de la resucitación.

Un rápido repaso de los mismos indica sin dudas que no sólo que el Gobierno avanza sobre los otros poderes como una topadora hegemónica (problema político-institucional), sino que algunas variables económicas se han deteriorado (problema económico) y que la creatividad para vender gato por liebre (problema moral) parece no tener fin, hasta que lo tiene:

* Los números del Tesoro pasaron en julio del negro a un rojo muy pequeño, déficit al fin, después del pago de intereses. Los ingresos corrientes se inflaron con los aportes extraordinarios de las AFJP, pero no con todos, ya que se guardó preventivamente una porción para sumar en agosto y setiembre.

  • Se aumentaron las asignaciones familiares, que con los anteriores aumentos en jubilaciones y la baja parcial del impuesto a las Ganancias, implican un sacrificio fiscal extra de $ 3.700 millones de aquí a fin de año y un mayor deterioro de las cuentas hacia el futuro.

  • Sin intervención del Congreso (que está en funciones y donde el Gobierno tiene mayoría propia) y por Decreto de Necesidad y Urgencia se amplió el Presupuesto Nacional en $ 14.219 millones, con endeudamiento extra ($ 3.134 millones) y partidas de subsidios para transportes por $ 1.795 millones y para electricidad y combustibles por $ 2.735 millones.

  • La industria se desaceleró en julio, debido a las paradas por falta de energía y el INDEC inventó un Indice sin acero, para hacer menos notorio el frenazo. El Estimador Mensual Industrial se demoró sospechosamente un día, ya que hay quienes creen que las noticias económicas dadas a conocer en viernes (ya que los diarios especializados no aparecen hasta el lunes) se diluyen durante el fin de semana.

  • El superávit comercial se achicó a la mitad durante julio. Las importaciones fueron récord, especialmente las de combustibles (159% en un año). Si se suma lo que se perdió de vender al exterior en el mismo rubro, puede estimarse que en el mes pico de la crisis energética el costo externo fue de 500 millones de dólares.

  • El Indice de Precios al Consumidor promedio de julio para todo el país (0,8%) estuvo muy por encima del que se había dado a conocer para la Capital y el GBA (0,5%), especialmente en el rubro Alimentos y Bebidas. El mundo ideal del INDEC toma precios sugeridos, mientras que en el interior se verifica directamente en los mostradores. Mendoza acumula en el año 13,5% de suba y el IPC apenas 4,4 por ciento.

  • Los Indices de Desempleo cayeron por debajo de los dos dígitos en todas sus versiones, con y sin planes sociales. Esto debería gatillar la caída del plus indemnizatorio, pero el Gobierno no está dispuesto a publicar una norma que lo aclare, sumiendo en la inseguridad jurídica la cuestión, ya que sigue en vigencia la Ley de Emergencia Económica.

El costado ingrato para el Gobierno es que, entre todas estas novedades, se consignan actos del Ejecutivo que avanzan sobre oficialistas y opositores en el Congreso o estadísticas que derrumban, como un castillo de naipes, sus críticas de casi traidores a la Patria realizadas a quienes habían advertido durante los últimos meses que el ritmo del aumento del gasto era preocupante, que la manipulación del INDEC resultaba una barbaridad institucional o a quienes, con todo realismo, hablaban de "crisis", en relación a la energía.

En cuanto a Carrió, la combativa dirigente se ha mostrado siempre como un cruzado a la hora de denunciar, pero con eso parece que no basta, ya que ella misma ha mostrado durante la semana cómo se le descalabra el tinglado a la hora de querer armar un polo opositor aglutinante. Sin ir más lejos, su crítica despiadada hacia Mauricio Macri, el socio porteño de Ricardo López Murphy, lo ha dejado durante la semana varias veces a la intemperie al líder de Recrear.

Con su proceder tan volátil Lilita ha sido, durante los últimos días, el eje más visible de una controversia más general que representa una de las fallas más notorias del tejido social: cómo se ha potenciado en los últimos tiempos la imposibilidad que parece aterrorizar a los líderes a la hora de armar consensos y políticas de Estado, en la que ya están inmersos el Gobierno, con el anunciado Acuerdo Social, y también la Iglesia, que ha bajado en estos días sus líneas al respecto.

En efecto, la Comisión Permanente del Episcopado, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, de cara a las elecciones de octubre volvió a criticar el clientelismo y la dádiva política, reiteró su exhortación por una autonomía "real y auténtica" de los tres poderes del Estado y dijo con claridad que "sólo con la economía no alcanza", tras repasar una serie de indicadores que relevó la Universidad Católica Argentina y que demuestran, desde lo estrictamente económico, el mayor bienestar de los últimos años.
En esta ocasión, la veintena de obispos repitió el texto del plenario episcopal de abril, en el que también exigió "promover el verdadero federalismo, que supone el fortalecimiento institucional de las provincias, con su necesaria y justa autonomía respecto del poder central", en lo que se interpretó como una alusión al caso Santa Cruz, donde el obispo Juan Carlos Romanín intervino en rol de mediador ante "la amenaza de la paz y la institucionalidad" y encabezó una marcha multitudinaria contra la violencia, después de que un ex funcionario kirchnerista atropelló con su auto a los manifestantes.

También los obispos pidieron por la "reconciliación", lo que se interpreta como una forma de aludir a los tiempos de la dictadura militar, en los que la actitud de la Iglesia sigue siendo criticada por quienes son activos defensores de los derechos humanos, incluido algunos miembros del Gobierno que, en su conjunto, ha tomado el documento como una crítica opositora a su accionar y no como un tendido de puentes. En el trasfondo, la característica principal de la falta de acuerdos de todo tipo en la Argentina tiene un denominador común: la desconfianza.

En general, estas situaciones de desencuentros se refieren a la parálisis que alcanza a casi todos los actores sociales en la Argentina para acordar cosas centrales, sin personalismos, ideologías ni prejuicios, a través de pactos que nucleen la necesidad de ajustar la mira en media docena de temas en común.

Para poner en marcha este tipo de acuerdos-marco hay quienes creen que no sólo hay que estar en sintonía con objetivos en común, sino también en los instrumentos (caso Carrió-López Murphy) y otros que señalan que sólo es posible la convergencia con los que piensan más o menos igual (Gobierno). La polémica le da pasto también a quienes sostienen que las cosas finalmente no avanzan en la Argentina porque la sociedad, que cabalga habitualmente en el individualismo del "sálvese quien pueda", termina gambeteando estos temas.

Como ocurre en tantos otros temas, en esta cuestión tan central no queda más remedio que acudir a la comparación sobre las bondades que acuerdos de este tipo, plurales y abarcativos y no sectarios o corporativos, como quizás pueden considerarse intentos anteriores en la Argentina, tuvieron sobre el desarrollo de otros países.

Durante la semana, el abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja explicó antes más de 300 empresarios cómo había sido la cosa en otras latitudes, como una manera de fijar algunas líneas de acción si se avanza de lleno hacia la propuesta de Acuerdo Social que plantea Cristina Fernández de Kirchner, a partir de "cambiar la confrontación por la colaboración".

En Irlanda, dijo y mostró cifras, "el milagro de los '90 desembocó en una transformación económica", sustentada en la inversión extranjera y las políticas educativas. En España, todo partió desde la primera convergencia de La Moncloa de 1977 y la inserción en Europa, pero siguió en los acuerdos que promovió José Luis Rodríguez Zapatero, con tres líneas comunes de acción hacia la competitividad, el empleo estable y la cohesión social. También citó experiencias de acuerdos en México, Perú y Brasil y todos con un sentido de avance desde los gobiernos hacia los actores sociales.

Según Funes, ya que a partir de 1983 la sociedad logró valorar la democracia (Alfonsín), la estabilidad (Menem) y la inclusión social (Kirchner), con el diálogo podría avanzarse ahora también en lo institucional, lo fiscal, lo productivo, lo socio-laboral y lo educativo para fijar líneas en común que apunten a la "integración, la inclusión, la adaptación, la interacción y la armonización".

Es probablemente este punto, el que más cuesta encauzar en la Argentina, ya que el diálogo no es el valor que más se venera por estas playas. "Quien puede lo menos, puede lo más", suele decirse y lo que ocurre con el Gobierno y con la oposición en materia de diálogo chico, el simplemente político-partidario de cara a las elecciones que sólo le permite a los actores acercarse a los que piensan igual, es toda una definición al respecto.