POLITICA

Bonadio pediría el expediente de la “ruta del dinero K”

El juez, tras la familia presidencial en la causa Hotesur.

Tribunales. Lázaro Báez es investigado por lavado.
| Cedoc Perfil

El juez federal Claudio Bonadio analiza una nueva jugada en la causa Hotesur. El magistrado podría solicitarle a su colega Sebastián Casanello que envíe a su juzgado la causa y la documentación pertinente sobre la investigación contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero. Bonadio buscaría así incorporar el expediente contra el empresario kirchnerista a su investigación sobre la empresa hotelera de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien la causa Hotesur es posterior al expediente de Casanello, el juez Bonadio apelaría al argumento de que en su investigación hay nexos comprobados entre Hotesur SA y las empresas de Báez.
Casanello tiene a su favor el hecho de que su causa es anterior a la de Hotesur, por lo que podría rechazar la petición. La decisión final la tendrá el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.
Luego de que el juez quedara confirmado al mando de la causa por decisión de
la Cámara de Casación, los abogados de la defensa iniciaron una nueva embestida para apartarlo.
La defensa de Lázaro pidió que la causa Hotesur sea trasladada a un juzgado de Río Gallegos, ya que sus empresas y las de la familia presidencial tienen algunas de sus bases allí. Perfil.com informó esta movida el 23 de abril. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio el primer paso al pedirle información a Bonadio sobre la causa.
La postergación del fallo de Casación para confirmar al juez en la causa favoreció a la defensa de los imputados que lograron activar esta segunda maniobra.
Sin embargo, el juez ya tendría corroborados una serie de conexiones de contadores, empresas y estructuras societarias que anclaría la causa en Capital Federal y evitaría que el expediente sea trasladado al Sur. Estos nexos son parte de una supuesta “ingeniería financiera” destinada al lavado de activos, según fuentes judiciales.
En la causa está comprobado que las empresas involucradas tienen domicilios en Buenos Aires. Sus contadores están también en esa ciudad y desde Capital Federal realizaron operaciones.