El juez federal Claudio Bonadio se desprendió de un tramo de los cuadernos de las coimas y lo envió a sorteo para que otro magistrado lo investigue. Se trata de la parte que se centra en el presunto manejo de dinero proveniente del pago de sobornos para las diferentes campañas electorales. Este capítulo del caso involucra al diputado e hijo del ex matrimonio presidencial, Máximo Kirchner, y a otros referentes de la agrupación La Cámpora, entre ellos los legisladores Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque.
El detonante para que el magistrado envíe el tramo a sorteo habría sido que se trataría de delitos o infracciones electorales, que no tendrían relación con el objeto que él investiga: una asociación ilícita montada para hacer posible el pago de coimas durante el kirchnerismo. La decisión de Bonadio se conoció apenas días después de cerrar la rueda de indagatorias de los camporistas, en la que Máximo Kirchner insistió en cuestionar la figura del juez y requirió los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos en el expediente. Entre los procesados está su propia madre, la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner.
Esta semana también declaró en indagatoria el ex secretario de Justicia del kichnerismo Julián Alvarez, quien había recusado al magistrado, con quien supo estar enfrentado en el Consejo de la Magistratura. Alvarez había pedido su apartamiento porque el juez es querellante en una causa contra él. La enemistad entre Bonadio y Alvarez tuvo su pico máximo durante 2014, cuando el kirchnerismo buscó llevarlo a juicio político por presunto “mal desempeño”.
Aquella decisión fue la confirmación de que la relación entre el magistrado y el kirchnerismo había cambiado definitivamente. Bonadio supo tener uno de los más altos números de denuncias en la historia del Consejo, pero durante los primeros años del gobierno K tuvo la protección oficialista, que luego trocó en la avanzada en su contra.
Bonadio ya había indagado a varios camporistas. El legislador bonaerense y ex integrante de la agrupación liderada por Máximo Kirchner, José Ottavis, es otro de ellos. Además, el juez indagó al empresario de medios, Sergio Szpolski. Todas las convocatorias a indagatorias tuvieron como puntapié inicial las declaraciones como arrepentido de José López y en el caso de Szpolski fue determinante la declaración de Martín Larraburu, ex asesor de Juan Manuel Abal Medina. Tanto el ex jefe de Gabinete como Larraburu aún tienen pendiente la resolución de su situación procesal. En el tramo de la causa del que se desprende Bonadio también están los casos contra Ricardo Ivoskus, ex intendente de San Martín, y Enrique “Japonés” García, ex intendente de Vicente López, otros de los señalados por López. Ayer en Comodoro Py se leía la decisión de Bonadio como una “jugada maestra”: “Tuvo la foto de La Cámpora en indagatoria y después, antes de la avanzada de recusaciones, se la sacó de encima”, coincidían varios.
López declaró en el expediente: “Con relación al financiamiento de La Cámpora puedo aportar que conmigo y con el resto de los viejos que teníamos relación con (el ex secretario, Daniel) Muñoz y Néstor (Kirchner), nos veían como la escoria. Desconozco si De Pedro conocía el sistema de recaudación. La organización de La Cámpora era atípica, Larroque, Julián Alvarez y De Pedro tenían peso; Máximo lo manejaba más con el teléfono, y a Axel Kicillof, si bien estaba dentro del grupo, lo veían como un técnico, pero tenía mucha más llegada a Cristina”.
En otro de los tramos de su exposición, López aseguró que “en 2015, faltaban dos días para un acto y movilización en Plaza de Mayo y me pide una reunión el Cuervo Larroque y me dice que necesitaba para el día siguiente $ 5 millones. Le dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro. Se fue enojado; yo inmediatamente pedí una reunión con De Vido y me dijo que había hecho bien. A través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento a De Pedro”. Todos los dichos de López fueron desmentidos con vehemencia en sus descargos por los referentes de La Cámpora.
Lo que se viene en el expediente
La última arrepentida de la causa de los cuadernos de la corrupción, Elizabeth Ortiz Municoy, fue excarcelada. Se trata de la ex mujer de Sergio Todisco, presunto testaferro de Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner.
El juez federal Claudio Bonadio también dispuso el secreto de sumario en el expediente. No sólo se esperan nuevas medidas en el caso. El magistrado debe decidir en los próximos días si procesa a dos de los empresarios más poderosos del país: Paolo Rocca, CEO y presidente de Techint; y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, una de las empresas energéticas más prósperas de los últimos años.
Rocca, quien fue indagado por presuntas coimas a los Kirchner en una segunda etapa de la causa, negó los hechos y señaló a uno de sus ejecutivos de confianza, Luis Betnaza, ya procesado por el juez Bonadio. Tanto en los pasillos de Comodoro Py 2002 como en el mundillo empresarial, se espera que Rocca sea uno de los procesados de los próximos días, con posibles embargos y restricciones de salida del país.
