Este lunes, la Corte Internacional de Justicia en La Haya volvió sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay por la instalación de Botnia, la polémica pastera que descansa sobre el Río Uruguay y que desde 2003 genera cortocircuitos entre ambas naciones. La demanda argentina tiene dos ejes definidos: la autorización unilateral uruguaya de permitir la instalación de las pasteras violando el Tratado del Río Uruguay y la contaminación en la zona donde se levantó la empresa.
"Esta megaplanta, por su sistema de producción y su volumen sobre un río de poco caudal, es incompatible con la norma derivada del acuerdo",reseña Fabián Moreno Navarro, abogado y asambleísta de Gualeguaychú que participa activamente desde la primera hora en las protestas contra Botnia.
Esta mañana, de gira por los Estados Unidos Tabaré Vázquez había negado que la planta produjera un "daño irreparable" y recordó que fue Néstor Kirchner el que en 2003 prestó su acuerdo para la instalación de dos fábricas en la misma zona, una de las cuales luego decidió mudar su emprendimiento más al sur.
Para Moreno Navarro, sin embargo, "ninguno de los dos gobiernos reaccionaba frente a la instalación y al cumplimiento de las normas". En Gualeguaychú no son pocos los que se quejan por el intenso hedor que despide la planta. Navarro es muy gráfico cuando se le pide un contexto: "Es olor a huevo podrido y depende siempre de cómo sople el viento". Unas veces se siente más, otras menos.
Aunque todavía no hay precisiones sobre el día de la sentencia, en Entre Ríos esperan que para fin de año se conozca el veredicto de la Corte internacional. Martín Alazar, médico y asambleísta, es optimista: "Creo en las palabras de la embajadora de Cancilleria Susana Ruiz Cerutti porque consiguió una prueba contundente, amplia, sobre hechos evidentes de contaminación del río Uruguay y en el ambiente de toda la región".
Alazar confía en que la posición argentina se refuerce con la evidencia documental. Según el médico, "sumamos los hechos que han ocurrido en la ciudad, tenemos manchas en el río y gas sulfídrico en el aire. Estamos frente a una empresa que además de ser ilegal es contaminante", apuntó.
En la audiencia de hoy en La Haya, se pudo escuchar al abogado Marcelo Kohen ampararse en el Estatuto del Río Uruguay reafirmando, especialmente, "el respeto a los usos ya existentes" y criticando duramente la actitud del país vecino al destacar que lo único que buscó fue "facilitarle las cosas al inversor sin tener en cuenta ninguna otra consideración de índole social o a la población".
A poco de cumplir mil días en el corte, en el kilómetro 28 de la ruta 136 los asambleístas siguen firmes.