La segunda mitad de 2017 se viene fuerte en los tribunales. Al ritmo de la campaña electoral, la Justicia retoma mañana la actividad tras dos semanas de feria y se avecinan indagatorias, veredictos y fallos políticos. Esta semana será una muestra: la Cámara Federal decide a partir del miércoles si suelta a Víctor Manzanares, el contador K detenido por intentar esquivar embargos; el jueves habrá una protesta en el Palacio de Tribunales y el viernes el ex vicepresidente Amado Boudou podría recibir su primera condena por adulterar papeles de un auto.
En tanto, Cristina Kirchner, en campaña por su lugar en el Senado, sabe que su futuro también se decide en Tribunales. Mañana insistirá en apartar al juez Claudio Bonadio de la causa por encubrimiento a Irán en el ataque a la AMIA, indicaron a PERFIL fuentes judiciales. Pero Bonadio haría oídos sordos y pondría fecha a una nueva indagatoria. A Cristina le esperan más citaciones. Tal como adelantó este diario, el fiscal Gerardo Pollicita reclamará interrogarla otra vez como acusada en la megacausa por asociación ilícita, esta vez por los negocios que se hicieron entre Aerolíneas y Hotesur. Aún se deben revisar sus procesamientos por obra pública y Los Sauces. En tanto, el juez Sebastián Casanello tiene a estudio un llamado a indagatoria por la ruta del dinero K. Antes –probablemente esta semana– dictaría un nuevo procesamiento contra Lázaro Báez, sus hijos y otros personajes como Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Aunque el ex ministro de Planificación Julio De Vido se haya quedado en su banca de diputado, seguirá caminando por Comodoro Py. En dos semanas se resolvería llevarlo a juicio oral por la tragedia de Once. Enfrenta delitos por 11 años de cárcel. Casación debe resolver sobre las condenas que ya se dictaron. A eso se le suman otras causas que podrían complicarlo: nadie sabe cómo avanzará Bonadio sobre De Vido en la investigación por sobreprecios de gas licuado.
La que ya tiene cita en tribunales es la procuradora Alejandra Gils Carbó: el 31 de agosto debe explicar la compra de un edificio por 43 millones de pesos. Un eventual procesamiento reforzaría los pedidos de remoción que intentó sin éxito el oficialismo. En la misma lista se anota la puja por apartar al camarista Eduardo Freiler, denunciado por enriquecimiento ilícito.
