La reunión del martes a media mañana en el primer piso de la Casa Rosada se extendió más de la cuenta. Allí estaban el presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Rogelio Frigerio (Interior) dialogando, hasta entrado el mediodía, sobre el femicidio de Micaela García y el asesinato del policía José Zurita, acribillado de seis balazos. De allí emanó una orden concreta de Macri: avanzar con el proyecto de ley que prohíbe salidas transitorias a homicidas y violadores y que tiene media sanción de Diputados pero duerme en el Senado.
En este contexto, el Presidente le pidió a Frigerio que acelerara los diálogos con Miguel Pichetto (jefe del bloque del Frente para la Victoria) y el PJ Federal para que sancionen la iniciativa, a la vez que le solicitó a Patricia Bullrich (Seguridad) que concurriera esta semana a una reunión de la Comisión de Reforma Penal. El jefe de Estado prometió que, de sancionarse, la promulgaría con celeridad.
El proyecto, que había impulsado el Frente Renovador junto al radical Luis Petri, tuvo media sanción el 24 de noviembre en Diputados pero desde ese día no tuvo eco en la Cámara alta.
“Los jueces tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman. No pueden mirar para otro lado. Son miles los argentinos que han perdido a sus familiares por las malas decisiones de jueces que viven en otra realidad”, le dijo Frigerio a PERFIL. “Tenemos que avanzar en mejores y mayores controles sobre las salidas transitorias de los que cometen delitos graves y violaciones”, agregó el ministro del Interior.
Ya Marcos Peña había criticado al juez Carlos Rossi tras tomarse licencia tras la muerte de Micaela. El jefe de Gabinete dijo que el magistrado debería tener la “dignidad” de “renunciar y no tener que esconderse”. Y agregó que “está claro que hay cosas que fallan en el sistema”.
La decisión de avanzar sobre este tema sensible forma parte de una estrategia mayor del oficialismo: el endurecimiento del discurso no sólo contra los gremios K y las mafias sindicales sino contra los jueces garantistas que ven en Raúl Zaffaroni su fuente de inspiración.
En este contexto, para Frigerio “la Justicia tiene una enorme deuda con las miles de muertes desde el retorno de la democracia. Los jueces tienen que hacerse cargo. Tienen que actuar con responsabilidad. Y aquellos que no estén a la altura de las circunstancias, que renuncien”.
El proyecto. Estos son los principales puntos de la iniciativa que está en debate:
◆ Uno de los ejes centrales es la prohibición del acceso a los beneficios de salidas transitorias y libertad condicional para condenados por delitos violentos: homicidios, violaciones o robos con armas de fuego. En estos casos, los condenados deben cumplir toda de la condena.
◆ Se elevan las exigencias en cuanto a conducta y concepto para progresar dentro de las fases en el período de tratamiento o para ingresar al período de prueba. En el primer caso, se exige conducta y concepto “Muy bueno”, mientras que en el segundo, conducta y concepto “Ejemplar”.
◆ Se ajustan los tiempos exigidos para acceder a las salidas transitorias, que ahora se elevan: a) penas mayores a diez años: un año desde el ingreso al período de prueba; b) penas mayores a cinco años: seis meses desde el ingreso al período de prueba; c) penas menores a cinco años: desde el ingreso al período de prueba.
◆ Se prevé que en todos los supuestos las salidas transitorias deban ser realizadas bajo supervisión de un profesional de un servicio social, que pueda servir de contención y dar asistencia al condenado que vuelve a entrar en contacto con el mundo exterior.
◆ Se crea el Registro Nacional de Beneficios, para contar con información actualizada y sistematizada de los beneficios otorgados. De este modo, los juzgados de Ejecución Penal (como el de Rossi), estarán obligados a enviar al registro cada fallo sobre los casos del período de prueba, desde salidas transitorias a la incorporación al régimen de semilibertad o la prisión domiciliaria.
