Elisa Carrió decidió llevar a Estados Unidos la investigación sobre supuesto lavado de dinero en la que está involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El objetivo, según el material que presentó, es que se ponga la mira en un listado de más de 150 empresas radicadas en ese país que estarían vinculadas a toda la ingeniería financiera que se comenzó a descubrir en la Argentina. Además, también apuntó a Cristóbal López, que recientemente adquirió un casino en Miami.
El objetivo principal del viaje de la diputada era llevar a la OEA (Organización de Estados Americanos) una denuncia por “atentado contra el orden democrático por parte del gobierno de Cristina Kirchner”. Pero además, junto a su asesora jurídica Paula Olivetto, se presentaron ante un fiscal federal radicado en Miami y ante la Comisión de Lavado del Senado (en Washington) solicitando que se habiliten los procedimientos pertinentes para investigar si hubo movimiento de fondos provenientes del lavado de dinero en empresas radicadas en territorio estadounidense.
El listado incluye más de 150 empresas, sobre las cuales Carrió pretende que se investigue su composición accionaria y el movimiento de dinero que realizaron en los últimos años. A las empresas radicadas en el estado de Florida, algunas de las cuales figura como representante Federico Elaskar (el financista que denunció la ingeniería de lavado en el programa de Jorge Lanata y luego se arrepintió), se suman otras en Nevada y otros estados más. La conexión se daría, por lo general, a través de la firma Helvetic, que compró la financiera SGI de Elaskar.
Muchas de esas firmas creadas en Nevada tienen como representante a la compañía “MF Corporate Services”, que se presenta como especializada en crear empresas de sociedad limitada bajo la reglamentación de dicho Estado, sobre todo apuntando a la clientela internacional. Esta firma es una sucursal de Mossack Fonseca, una empresa panañena “líder en servicios corporativos, fiduciarios y patrimoniales, con 44 oficinas a nivel mundial y experiencia en el campo desde 1977”. Las firmas, además, son controladas por Aldyne, empresa radicada en Seychelles, un paraíso fiscal.
No es la primera vez que el caso Lázaro Báez cruza las fronteras argentinas. Las justicias de Uruguay y Suiza, a raíz de sendas denuncias de los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, ya iniciaron sus propias causas.
Sobre Cristóbal López, la diputada hizo referencia a la reciente compra del casino Dania Jai Alai en el Estado de Florida y a sus empresas controlantes. Además, menciona a la firma Centenary International Corp (CIC), radicada en Nueva York, a través de la cual, supuestamente, pretendía financiar la frustrada compra de Petrobras.
Tanto Lázaro como Cristóbal, recuerda Carrió, forman parte de la causa por asociación ilícita que le inició al matrimonio presidencial y que se tramita en el juzgado de Julián Ercolini.
