Interesado en llegar al 10 de diciembre sin procesos penales en su contra, el futuro jefe de Gabinente porteño del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, espera que la Cámara de Casación Penal resuelva si prosigue o archiva una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos fiduciarios para microempresas.
Anteriormente, Rodríguez Larreta fue beneficiado por la Cámara Federal en lo Criminal, la cual hizo lugar al pedido del número dos del PRO para que la Cámara de Casación defina la causa a cargo, en primera instancia, del juez federal Norberto Oyarbide.
Hace algo más de un mes la Sala II de la Cámara Federal, en coincidencia con el magistrado de primera instancia, se opuso a un pedido del defensor Miguel Angel Sarrabayrouse Bargalló, que reclamaba el cese de la pesquisa debido a la "extinción de la acción acción penal" por prescripción.
Como los hechos ilícitos que la Oficina Anticorrupción le atribuyó a Rodríguez Larreta se habrían cometido en agosto de 1998 y febrero de 1999 -cuando se desempeñó en el FONCAP-, la defensa argumento que la acción penal estaba prescripta.
Asimismo, el argumento de la defensa fue que el delito de administración fraudulenta (que admitió como hipótesis) tiene una pena máxima de seis años de prisión.
Oyarbide rechazó esa pretensión y, a mediados de julio último, la Sala II de la Cámara Federal confirmó esa decisión porque evaluó que se podría haber incurrido en "peculado", un ilícito con una pena superior al de administración fraudulenta. La defensa calificó de "arbitraria" a la resolución de la Sala II y pidió la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal.
De esta manera, los camaristas federales Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que el pedido de la defensa para que se ponga término a una situación de incertidumbre se justifica porque estar sometido a un lapso prolongado a un proceso penal podría constituir un "perjuicio irreparable" para el imputado.
Rodríguez Larreta investigado. En la causa se investiga el manejo del FONCAP, una sociedad que tenía la administración del denominado Fondo Fiduciario de Capital Social, creado por decreto 675/97, firmado por el ex presidente Carlos Menem, para "destinar a una política de interés público, cual era la promoción de microempresas en todo el país".
Entre las presuntas irregularidades que se habrían detectado en el FONCAP figuran la ausencia de presupuestos anuales, gastos superiores a lo autorizados, contratos anómalos, el favorecimiento a determinadas entidades y abultados honorarios a los directores.
Fuente: Télam
