Un guardamuebles de Tigre es objeto de disputa desde hace dos semanas entre el fiscal y el juez de la causa de Lázaro Báez. El fiscal Guillermo Marijuán está convencido de que el juez Sebastián Casanello debería haber allanado el lugar luego de que un denunciante anónimo declarara a Marijuán que había solicitado una baulera y en la empresa le dijeron que estaba “todo ocupado desde que SGI había llenado el lugar de cajas”. El denunciante dio los nombres del dueño y el encargado del guardamuebles y sus teléfonos celulares.
Casanello rechazó el allanamiento porque consideró que no puede violar un domicilio sin pruebas suficientes. Elisa Carrió lo denunció penalmente por supuesto encubrimiento. Ahora depende de la Cámara Federal. PERFIL pudo constatar ayer que la mitad de las jaulas del guardamuebles están vacías. En el resto hay muebles, lámparas, colchones, bicicletas, cajas cerradas y hasta un piano. El dueño del depósito, Fernando Puricelli, dirige la empresa Puricelli Mudanzas, con sedes en Capital Federal, Tigre, Nordelta, Pilar y Escobar. Se mostró tranquilo y dijo a este diario: “Nosotros hacemos las mudanzas pero no revisamos lo que traen en cajas cerradas. Si algún cliente trajo algo relacionado con este caso que investiga la Justicia, ya se lo llevaron. Tuvimos muchas salidas, varios clientes retiraron sus pertenencias, pero en abril solamente un cliente ingresó cosas: un vecino de la zona”. Según pudo saber PERFIL, en esa baulera con forma de jaula hay bicicletas de niños, colchones para una cama infantil y objetos de hogar, como lámparas y accesorios.
En el anónimo no se especifica en qué fecha se habría ingresado la documentación de SGI, pero el fiscal sospecha que estaba relacionada con el primer programa de Periodismo para todos: el 14 de abril. “Si la Justicia trae una orden de allanamiento fundada puede entrar, pero no puedo revisar las pertenencias de mis clientes. Igual, desde hace un año el mercado inmobiliario se paró. El guardamuebles se está vaciando. Quizá lo que buscan ya no está acá”, agregó Puricelli.
La documentación de SGI es central en la investigación y ya hay tres denuncias sobre supuesta destrucción o mudanza de documentos de la financiera vinculada a Lázaro. Ayer Casanello libró el primer exhorto internacional de la causa: pidió a Panamá que informe sobre las empresas creadas en ese país y que se sospecha que se utilizaron en presuntas operaciones de lavado de dinero, informó la agencia DyN.
El viernes 17, PERFIL recibió la información de que el guardamuebles podría ser allanado. Sin embargo, se trataba de tareas de inteligencia del área de Delitos Económicos de Prefectura Naval. Fueron al lugar a constatar si los datos de la denuncia anónima coincidían con los reales. Concordaban los nombres y teléfonos, pero no informaron nada sobre SGI.
El fiscal solicitó que el municipio de Tigre remita las grabaciones de las cámaras de seguridad que están ubicadas frente al depósito. Graban las 24 horas, todos los días, confirmaron a este diario autoridades del distrito. Casanello ya envió el oficio hace una semana y espera que se las remitan.
