“Lo mataron para silenciarlo”. “El cianuro se utilizó como mensaje”. Las frases sueltas, cargadas de significados, son algunas de las conclusiones finales que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, plasmó en su resolución de 285 fojas para procesar a los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi por el homicidio del represor Héctor Antonio Febres.
La magistrada, que había decretado el secreto de sumario, procesó por encubrimiento a la viuda Stella Marís Guevera, a su hija Sonia Marcela y a su hijo Héctor Ariel.
Los tres familiares recuperaron la libertad la madrugada de ayer en la sede de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, pero no podrán abandonar el país por la medida judicial.
Arroyo Salgado consideró que se liberó la zona en la región del Delta de Tigre, y evaluó que “la escena del crimen fue modificada”. La jueza responsabilizó a los miembros de la familia por la falta de objetos personales. El ocultamiento de la computadora tipo notebook, propiedad del ex miembro de la Escuela de Mécanima de la Armada (ESMA), es uno de los elementos que remarcó la funcionaria.
Dos episodios ocurridos el 10 de diciembre, el mismo día en que el represor apareció muerto, son mencionados por la magistrada, y son ponderados como parte de “un mensaje”: la celebración del día internacional de los Derechos Humanos y la asunción de Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia resolvió citar a declarar al prefecto Iglesias para el próximo 12 de enero, mientras que Angel Volpi declaró por primera vez durante la madrugada de ayer.
Salgado se tomará un breve receso veraniego, sin embargo, el expediente seguirá en movimiento. Se espera que la pericia de la computadora de Febres y los exámenes de ADN, obtenidos del recto del ex subprefecto, otorguen nueva pistas. Más información en la Edición Impresa.