Cuando empezó todo esto yo le pregunté a la directora —confió Magnetto en su silencioso despacho del cuarto piso de Clarín—. Ella no tenía la menor idea de dónde eran los chicos.
—Es la peor situación, no saber —comentó su interlocutor.
—Es la peor situación —coincidió Magnetto.
Los materiales conseguidos por el juez Bergesio en diciembre del 2009, en especial la sangre y la saliva entregados por Marcela y Felipe Noble Herrera, cargaban con serias dudas sobre su aptitud y origen, pero podían, según la interpretación de la jueza Arroyo Salgado, ser “redireccionados” para que el Banco Nacional de Datos Genéticos analizara y contrastara contra todas las familias allí disponibles.
Antes de llegar a esa instancia, que todavía no ordenaba, necesitaba determinar si, pese a los nueve meses transcurridos desde su recolección, esas muestras eran aptas para trazar mapas genéticos. Es decir: pedía analizar la sangre, la saliva y los objetos secuestrados para ver si coincidían con algunos de los ADN parciales encontrados en las prendas secuestradas el 29 de mayo.
Pero, para que los abogados no impugnaran la decisión, prohibía incorporar la información al Banco, prohibía cotejarla con las demás familias y, con una prosa alambicada que apenas lograba esconder la fragilidad de la idea, intentaba sostener que no se trataba realmente de trazar los mapas genéticos de los hermanos.
Así, los sobres y bolsas sellados que contenían sangre, saliva y objetos y habían estado guardados durante nueve meses en el juzgado de San Isidro y en el Banco, y que ni Arroyo Salgado ni las Abuelas ni la fiscal habían querido tocar hasta ese momento porque no podían asegurar que pertenecieran efectivamente a los hermanos, fueron abiertos, siempre con los peritos de parte como testigos, y comenzaron a ser analizados.
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