El fiscal federal Ramiro González imputó ayer al juez Norberto Oyarbide y a Carlos Emilio Liuzzi, número dos del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Ambos serán investigados por el allanamiento a una financiera que Oyarbide frenó luego de recibir un llamado del funcionario.
El juez reconoció que el 19 de diciembre Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi. Tras el llamado, el juez suspendió el procedimiento, como reveló Infobae.
Mientras era allanado y ante tres pedidos de coimas millonarias, Greppi llamó a varias personas, incluido Liuzzi, de quien es amigo, para solicitar “auxilio”. El caso trascendió en diciembre, y el juez Oyarbide, al verse comprometido, terminó revelando que frenó el allanamiento ante “tan confiable fuente” que le había brindado la información. Por este hecho, el magistrado afronta cuatro pedidos de juicio político por presunto mal desempeño. Ahora también será investigado penalmente por presunto prevaricato. La causa está a cargo del juez federal Luis Rodríguez.
El fiscal también pidió que se informe sobre los equipos de telefonía asignados al personal de la Secretaría de Legal y Técnica, tanto funcionales como particulares, lo que permite prever que se realizará un cruce telefónico.
Además de este escándalo, otro hecho une a Oyarbide con el importante funcionario. El juez sobreseyó a Luizzi de presunto enriquecimiento ilícito en 2013, luego de una investigación de Perfil.com.
Los policías. El fiscal González y el juez Rodríguez también tienen a su cargo la investigación de los oficiales de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal, acusados de pedir coimas millonarias en nombre de Oyarbide.
El fiscal González amplió ayer a 19 las cantidades de policías imputados. Así pidió investigar a todos los miembros de las brigadas A y C de la división que intervinieron en el allanamiento.
El fiscal González pidió al juez Rodríguez que cite como testigos a los representantes de las financieras, estudios contables y oficinas que fueron allanadas ese 19 de diciembre junto a Propyme. PERFIL informó hace dos semanas que tres de los allanados –dos financieras y un estudio contable– reconocieron haber pagado coimas millonarias a miembros de la Difoc para frenar los allanamientos ordenados por Oyarbide. Los tres dijeron que les exigieron alrededor de 2 millones de pesos. Uno de ellos, incluso, dijo que declararía la verdad si había posibilidad de recuperar los dos millones que habría pagado de coima, una posibilidad por demás remota.
