Los represores Alfredo Astiz y Antonio Pernías pidieron ampliar su indagatoria en la causa por la privación ilegítima de la libertad del escritor Rodolfo Walsh, quien permanece desaparecido tras ser secuestrado y trasladado a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Así lo confirmaron hoy fuentes tribunalicias, quienes señalaron que esos pedidos, a los que se estima que el juez federal Sergio Torres accedería y dispondría las audiencias para los primeros días de marzo, "no interrumpen el trámite de elevación a juicio" del expediente.
Los informantes indicaron que el pedido de ampliación de indagatoria, un recurso al que los imputados pueden acceder en cualquier momento del proceso, fue realizado en las últimas horas por el abogado Juan Aberg Cobo (h), defensor de los ex marinos, ante el secretario Diego Slupski.
En esta causa el 13 de este mes el fiscal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio de Astiz, Pernías, Jorge "el Tigre" Acosta, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, el prefecto Héctor Febres, el mayor del Ejército Julio Coronel, el comisario Ernesto Weber y el penitenciario Carlos Generoso.
En un dictamen de 130 páginas, Taiano detallló el funcionamiento del "centro clandestino de detención, torturas y exterminio" que funcionaba en la ex ESMA y al que fue trasladado Walsh luego de haber sido herido en el barrio porteño de San Cristóbal.
El secuestro del escritor se produjo el 25 de marzo de 1977 en la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, cuando Walsh "resistió enérgicamente" el accionar de los grupos de tareas y "recibió numerosos disparos y, gravemente herido, fue llevado a ese centro clandestino de detención.
El procedimiento fue el "corolario de un prolongado trabajo de inteligencia sobre el escritor", narró el fiscal, quien también hizo referencia al robo de bienes que Walsh tenía en su casa y fueron saqueados por los represores.
Aludió a los tratados internacionales y fallos de los diversos tribunales argentinos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, según los cuales estos hechos, "por su escala, volumen y gravedad" son considerados delitos de "lesa humanidad".
Los hechos se cometieron "a través de la utilización de la estructura militar y siguiendo órdenes impartidas por los comandantes de las juntas" que conformaron el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Fue una "maquinaria clandestina de represión que actuaba al margen de la ley", enfatizó Taiano, y destacó que el pedido de elevación a juicio de estos ex jefes navales y de fuerzas de seguridad, fueron confirmados por la Cámara Federal el 18 de julio de 2006.
Este expediente, al igual que el que tramita el juez federal Daniel Rafecas por los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del I Cuerpo de Ejército, fue reabierto tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Fuente: Télam