La Presidenta podría taparles la boca, de una sola vez, a quienes aseguran que la Oficina Anticorrupción (OA) concedió una prórroga para presentar las declaraciones juradas a los funcionarios para evitar que se conociera la verdadera fortuna de Cristina Fernández antes de las primarias del 14 de agosto.
Lo único que tendría que hacer es subir a su cuenta de Twitter la última declaración jurada y ponerla a disposición de sus seguidores y de cualquiera que necesite saber cualquier detalle sobre su patrimonio. Implicaría un gesto de transparencia y un cambio rotundo en la política oficial de comunicación, y llenaría de dudas a los que hoy sostienen que este es un gobierno que oculta datos públicos y apaña la corrupción.
La jefa de Estado debía presentar el detalle de sus bienes el 4 de julio pero el responsable de la OA, Julio Vitobello, primero postergó la fecha límite hasta el 22 del mismo mes y después la extendió hasta el 22 de agosto, ocho días después de las primarias.
Juan Carlos Morán, diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Coalición Cívica interpretó que “la Presidenta no revela sus riquezas porque esconde corrupción”. Lo mismo dieron a entender Elisa Carrió, Margarita Stolbizer (GEN) y Laura Alonso (Pro).
En el primer capítulo de El y Ella, ex fiscales federales y auditores contables que analizaron el expediente de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández -cerrada en tiempo récord y de manera irregular por el juez Norberto Oyarbide en diciembre de 2009- sostuvieron que el matrimonio obtuvo su riqueza de manera indebida. Incluso el dictamen de los peritos de la Corte en el que Oyarbide se basó para justificar el sobreseimiento no dice que el incremento patrimonial se encuentra justificado.
Expertos como el ex fiscal de Investigaciones Manuel Garrido y el ex perito de la Corte Alfredo Popritkin y el propio diputado Morán sostienen que en las últimas declaraciones juradas hay inconsistencias imposibles de ocultar. En especial, en la correspondiente a 2008, cuando la fortuna de ambos pasó de 18 millones a 46 millones de pesos, un incremento del 158 por ciento en apenas un año.
Ellos afirman que los intereses de los plazos fijos y los pagos por alquiler del Hotel Los Sauces, por citar solo dos ítems, no se corresponden con los valores de mercado.
El trámite de sucesión, que se inició en Río Gallegos días después de la muerte de Néstor Kirchner, debería aportar más respuestas. En la última declaración patrimonial que hizo como diputado nacional en 2010, el ex presidente reconoció una fortuna de 55 millones de pesos.
Cristina Fernández de Kirchner podría hacer pública toda la información y dar por terminada la polémica. La duda, entre sus asesores contables, es si la presentación no podría ser utilizada, una vez más, para presentar una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito. Es decir: un pedido de investigación que diera lugar a una nueva revisión completa de toda la evolución patrimonial, desde 2003 hasta ahora.
(*) Especial para Perfil.com
