En un paso más en la embestida del Gobierno contra la empresa Shell, la cuestionada secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, dispuso finalmente la clausura total de la destilería de la petrolera, ubicada en un predio de 120 hectáreas en Dock Sud. Además, la Secretaría de Comercio Interior informó anoche que hipotecaron dos estaciones de servicio "por las sanciones de desabastecimiento".
La decisión política sobre el cierre de Dock Sud ya está tomada y lo único que podría dilatar la medida es que "no se termine con los papeles", había adelantado a la prensa. La decisión llegó ayer, pasadas las 20 horas, cuando un cuerpo de inspectores clausuró en forma total y de manera preventiva la planta de la compañía Shell.
La petrolera está sumergida en una disputa judicial con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que la acusa de haber producido desabastecimiento de gasoil, e incluso pidió prisión para su presidente, Juan José Aranguren.
Sin embargo, desde la Casa Rosada y la Secretaría que depende de Picolotti, señalaron que la clausura de la destilería de Shell se enmarca dentro del plan de limpieza del Riachuelo y que no está relacionada con la fuerte polémica por el abastecimiento de combustible.
Inspectores de la secretaría que depende de Romina Picolotti denunciaron “graves irregularidades” en la planta de Dock Sud, donde dicen haber encontrado filtraciones de combustibles en cañerías y depósitos, lo que supone el peligro de alguna explosión y de filtraciones en las napas freáticas. En el informe técnico que respaldó la clausura de la destilería consta que Shell captura más de 430 millones de litros por día del canal Dock Sud sin autorización.
Por su parte, fuentes de la empresa se defendieron alegando que en la auditoría privada contratada para detectar irregularidades no encontraron dificultades.
En cuanto a las estaciones de servicio que fueron hipotecadas desde la Secretaría de Comercio Interior, se trata de aquellas ubicadas en Avenida Figueroa Alcorta 3.091 y Avenida Del Libertador 5.414.
Desde el Gobierno aseguraron que la medida apunta a "garantizar su acceso a la Justicia por las apelaciones presentadas como consecuencias de los incumplimientos a la ley 20.680", es decir las sanciones por desabastecimiento.
"Las sanciones por un millón de pesos cada una fueron impuestas el año pasado", recordó la Secretaría de Comercio, desde donde se afirmó que " la garantía ofrecida sólo alcanzaría a 17 de las 23 sanciones por desabastecimiento de gasoil".
Fuentes: DyN y Télam
