La causa contra el juez federal Norberto Oyarbide y el funcionario Carlos Liuzzi quedó formalmente cerrada, luego de que el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a ambos por considerar que el hecho no encuadra en ningún delito. Lo hizo a pesar de que el propio magistrado admitió haber suspendido el allanamiento de la mutual Propyme luego de recibir un llamado del número dos de Carlos Zannini. El juez estaba en la mira por supuesto prevaricato y el subsecretario de Legal y Técnica por supuesto encubrimiento. La decisión se da en medio de una tregua entre el Ejecutivo y la Justicia Federal. El juez está sospechado de fallar a favor de los funcionarios del Gobierno.
El pasado jueves se venció el plazo para apelar la decisión y evitar que se cierre la causa, pero el fiscal Ramiro González no presentó el recurso de amparo y Oyarbide quedó libre de culpa y cargo. PERFIL accedió a la resolución de Rodríguez en la que sostuvo que Oyarbide no cometió ningún delito ya que no actuó “de mala fe” y argumentó que la comunicación entre el magistrado y Liuzzi se prolongó por el lapso de dos (2) minutos treinta y un (31) segundos, tiempo que “no resulta a priori revelador de cualquier contubernio”.
Oyarbide nunca se trasladó a las oficinas para comprobar sí existían irregularidades con los efectivos policiales ni envió personal de su juzgado para verificar la existencia de pruebas que debían ser secuestradas.
El escrito del juez consideró que Liuzzi y Oyarbide no buscaron ocultar las llamadas ya que el funcionario utilizó su celular personal. En el allanamiento, la Policía Federal exigió el pago de coimas “millonarias” y lo hizo en nombre de Oyarbide y su secretario Carlos Leiva, razón por la que Greppi llamó a Liuzzi. Rodríguez cree que el subsecretario actuó bien ya que de no haber transmitido a Oyarbide lo que Greppi denunciaba, “iba a incurrir en omisión aludida habida cuenta de su calidad de funcionario público”.
Rodríguez argumentó no comprender por qué de existir vínculos entre Liuzzi y Oyarbide fue este último quien ordenó allanar las oficinas de alguien cercano al funcionario. El juez nunca citó a los involucrados para saber si Oyarbide conocía esa relación entre Greppi y Liuzzi.
Los cruces de llamados confirmaron la sospecha. Oyarbide mantiene su relación con Liuzzi tras investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito y cerrarle la causa. El 19 de diciembre, horas antes del allanamiento, se efectuó una llamada desde uno de los celulares de los custodios de Oyarbide al teléfono de Liuzzi que duró dos minutos. No quedó claro de qué hablaron. En 2013, también se registró un llamado de Liuzzi al juez.
