La jueza María Servini de Cubría deberá determinar si funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad participaron de una asociación ilícita para usurpar terrenos públicos en Villa Lugano. La denuncia penal, presentada por los diputados de la Coalicion Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro incluye los cargos de fraude a la administración pública.
La denuncia y la investigación en el terreno fueron reveladas como parte de un informe anticipado por La Cornisa, que se emite por América TV y en el que se pasarán escuchas que probarían los vínculos de los funcionarios con la usurpación. Los periodistas de La Cornisa hablaron con los vecinos que ocuparon los terrenos que fueron parte de la zona. También obtuvieron testimonios de vecinos de la zona que están pidiendo su desalojo.
La justicia porteña ya había abierto una investigación por la misma causa. El fiscal general, Martín Ocampo, imputó a una serie de dirigentes y funcionarios. Ocampo investiga el asesinato de unos de los vecinos, Fernando Soto, de 32 años, a quien mataron de dos tiros en el pecho el 25 de febrero pasado, cuando se inició la toma. También investiga la posesión de armas de guerra, la distribución y venta de droga y varios intentos de secuestros, todos delitos que habrían sido perpetrados por la organización que usurpó los terrenos.
Carrió y Oliveto trasladaron la denuncia a la justicia federal, porque, sostienen, están involucrados funcionarios del gobierno nacional y de la Ciudad.
Las diputadas acusaron a Marcelo Chancalay y Marta Yane, a quienes consideran líderes de la toma y también a Emanuel Ríos, Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza, a quienes denunciaron como organizadores. La organización habría vendido cientos de terrenos por los que habrían cobrado entre 8 mil y 25 mil pesos.
Según los denunciantes, Chancalay es empleado del gobierno de la Ciudad desde 2006 y también es funcionario del ministerio de Desarrollo Social porteño. Más precisamente, en la subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Por su parte, Marta Yane pertenece al Movimiento Evita y, según Carrió, es además empleada del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya titular es Alicia Kirchner. A Yane se la acusa de organizar la toma, intentar evitar el desalojo y de contribuir con materiales para empezar a construir en forma ilegal y convalidar la usurpación.
La de los terrenos públicos de Villa Lugano es la toma más grande que se perpetró en la ciudad los últimos años.
