La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires había sancionado en las sesiones realizadas a mediados de diciembre pasado una nueva ley de Policía Judicial, que crea la figura del “detective”. La medida que fue promulgada esta semana por la gobernadora María Eugenia Vidal, desplaza a la Policía Bonaerense de la función de investigación del delito.
La ley crea la figura del "detective" en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa ante un delito. Este investigador dependerá de las directivas que le imparta el fiscal de la causa. También crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte para la instrucción de causas con delitos de mayor impacto y transcendencia social.
La norma prevé además la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.
La nueva medida fue explicada por el autor de la norma, el diputado bonaerense del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, en declaraciones a radio Provincia: "A partir de un hecho violento, quien llegue a una escena del crimen no es otro poder sino el Judicial que extiende sus brazos al territorio y deposita un investigador que estará formado en criminalística, éste tomará la línea de investigación y buscará a los autores y cómplices".
"Es un equipo técnico que va a depender del fiscal, que permite que su personal llegue a la escena del crimen y levante las evidencias necesarias", contó el legislador provincial.
Gutiérrez también destacó el apoyo y la decisión de Vidal de llevar adelante la norma. "La Constitución obligaba a tener una Policía Judicial y nunca se concretó. Ahora hubo una fuerte decisión política de ponerla en marcha", subrayó.
La nueva Ley de Policía Judicial, que deroga la Ley 14.424 (votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento) cumple con la manda Constitucional del artículo 166 que le impone al Poder Legislativo la obligación de organizar a la Policía Judicial, "con una norma idónea, eficaz y de implementación programática", según consignó la agencia Télam.
