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POLITICA / contra la suspension de la movilidad
sábado 22 febrero, 2020

Con un amparo colectivo, los jubilados presionan por el aumento el 11,56%

Plantean la inconstitucionalidad de la medida de Alberto Fernández. Lo firmaron 7 mil personas, pero sería de aplicación general. Buscan una recomposición en la Corte.

por Patricia Valli

Cambio. La semana pasada, Alejandro Vanoli, Alberto Fernández y Luana Volnovich anunciaron el nuevo monto para jubilaciones. Foto: cedoc
sábado 22 febrero, 2020

Con un amparo colectivo, más de 7 mil jubilados cumplieron con lo que se anticipaba tras la suspensión de la fórmula de movilidad y un anuncio de ajuste previsional que implica bajas para más de 1,5 millón de beneficiarios.

La presentación, que fue anticipada por el defensor de los adultos mayores, Eugenio Semino, pide que se declare la inconstitucionalidad del decreto de aumento para marzo de 2020 que estableció un 13% para las jubilaciones minimas –superior al 11,56% que marcaba la fórmula de movilidad– pero que para todo el resto del universo planteó una suma fija de $ 1.500 y un 2,3%.

“Se solicitó que para el aumento de marzo se reconozca como mínimo el 11,56%, de acuerdo al período devengado en el tercer trimestre del año pasado por la Ley de movilidad suspendida”, indicaron a través de un comunicado tras la presentación judicial.

Adrián Troccoli, abogado especilizado en temas previsionales, aseguró que no hay jurisprudencia de presentaciones colectivas en seguridad social. “El fiscal lo tiene que que analizar y hacia fin de la semana que viene el juez define si le da curso al amparo”.

Cobertura. Si bien se estima que el universo de los que se vieron perjudicados alcanza a 1,5 millón de jubilados, solo 7 mil firmaron la demanda. “Esta acción es colectiva y cubre a todos los jubilados afectados por el decreto”, remarcan.

La acción se limita a pedir la inconstitucionalidad del decreto 163/2020 con el incremento designado para marzo.

No suplanta o invalida las acciones individuales de los jubilados, que pueden reclamar situaciones más complejas.

En sí, es un planteo de pérdida de derechos adquiridos. Se toma el 11,56% ya calculado de la formula de movilidad como tal.

La estrategia apunta a presionar para mejorar la recomposición de cara al próximo aumento. Se aspira a que la Corte ordene al Gobierno completar los haberes hasta alcanzar el 11,56% de aumento que les hubiese correspondido. “Nadie trata de dictarle al Gobierno qué hacer o decirle cómo manejar su presupuesto”, aclaran quienes promueven la iniciativa.

La presentación “se basa en el principio de igualdad ante la Ley; progresividad de los derechos fundamentales; irretroactividad de las leyes; tutela efectiva de los derechos adquiridos”, resumen.

Casos. Hay pocos antecedentes de planteos colectivos, pero en  2001 se presentó una demanda contra el descuento del 13%. En 2008 hubo una acción colectiva para la generalización del caso Badaro y en 2012 para la defensa de los argentinos con beneficios otorgados por terceros países y percibidos en la Argentina, entre otros casos.

Para Troccoli, la presentación busca reducir al mínimo la litigiosidad que perjudica en primer lugar al adulto mayor, al sistema judicial y al Estado en general. En ese sentido, consideró que los abogados tienen que mostrar responsabilidad con los clientes y con los Tribunales “que colapsarían si se presentaran demandas individuales”.

“Hay que reclamar la movilidad perdida, el porcentaje que perdió en marzo, evitar que pierda en junio. Una demanda que no tenga en cuenta todas las vicisitudes es hacer medio juicio”, agregó el especialista.

 


 

Vanoli: “El Estado tiene que privilegiar a los más débiles”

En medio de la presentación judicial, el director ejecutivo de la Anses, la Administración Nacional para la Seguridad Social, reiteró la posición del Gobierno de que el Estado tiene que “brindar respuestas atendiendo en principio a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también pensando proyectos a largo plazo”.

Vanoli recorrió ayer las playas de Miramar y estuvo acompañado por el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Marcelo Domínguez; el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y el diputado provincial y ex intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare.

“Estamos atravesando una situación que hacía muchos años que no se vivía en la Argentina: una combinación letal de recesión e inflación que no ocurría desde principios de los años 90 y, por eso, entendemos que el Estado tiene que priorizar a los más débiles. El país no ha podido tener un crecimiento de largo plazo e inclusión social porque prevalecieron modelos de ajuste y endeudamiento”, ponderó.

Pese a las críticas que generó el recorte a los jubilados, después de que el Gobierno prometiera buscar fondos de los especuladores para pagarle a los jubilados, en campaña, Vanoli consideró que el Gobierno está “dando la cara, empezando apenas hace dos meses un proceso de reparación y recuperación gradual de un estado de situación muy grave, que los argentinos vienen viviendo y lo saben”, afirmó durante una de las recorridas del Operativo Verano en la Costa Atlántica.

R.P.


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