El juez federal Daniel Rafecas condenó a dos años de prisión en suspenso a Américo Balbuena, el ex agente de la Policía Federal que se hizo pasar como periodista de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh durante más de una década.
La misma condena recibieron sus jefes del Cuerpo de Investigaciones de la fuerza, Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares. A los tres los encontró culpables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El magistrado también les impuso la inhabilitación especial para ejercer cargos por el doble tiempo de la condena, es decir, cuatro años.
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Además de eso, rechazó un planteo de nulidad de la elevación a juicio que había promovido la defensa de Balbuena y Sánchez. En el mismo sentido se pronunció a propósito de un pedido de prescripción por “violación a la garantía del plazo razonable” y otro de recusación que había formulado la defensa de Ustares.
El veredicto se conoció al final de una audiencia que arrancó ayer pasadas las 14.30 en Comodoro Py.
La jornada abrió con las réplicas de la querella a puntos del alegato de la defensa. Fueron los abogados Matías Aufieri, Liliana Mazea y Myriam Bregman, en representación del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh), quienes buscaron derribar una serie de reproches como que el caso estaba prescripto, que se había roto la cadena de custodia de la prueba, que Balbuena había actuado de buena fe al no ocultar su verdadero nombre y que el perjuicio era inexistente, entre otros.
“El uso de la identidad real por parte de Balbuena no le impidió estar infiltrado hasta que alguien que conocía su rol reveló la verdad. No implicaría un acto de buena fe haber usado su identidad real, algo que no podía haber sido de otra manera porque (NdR: el fundador de la Agencia Walsh, Rodolfo) Grinberg lo conocía desde la infancia”, dijo Aufieri.
Después fue el turno de la defensa, representada por Jorge Álvarez Berlanda (por Balbuena y Sánchez) y Hernán Carluccio y Bárbara Barlett (por Ustares), quienes en los alegatos habían afirmado que “no se pudo probar ningún delito”.
Balbuena, principal acusado, había sido señalado por haber hecho espionaje político durante 11 años haciéndose pasar como periodista de la mencionada agencia popular. Ello con el aval de sus jefes Sánchez y Ustares.
Terminada la ronda de réplicas, el juez le otorgó a los tres acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras, pero ninguno de los tres lo hizo.
Sin embargo, durante el juicio, Balbuena afirmó: “Jamás usé la información periodística con fines policiales. En su momento tenía pensado ejercer la actividad (periodismo) tras mi retiro de la fuerza. Verdaderamente no iba a la casa de nadie ni a asambleas privadas. Siempre trabajaba en lugares públicos, las conferencias de prensa eran en bares, en la calle”.
El veredicto llegó tras cuatro jornadas en la que desfilaron una decena de testigos propuestos por la querella -todos integrantes de medios populares u organizaciones políticas, gremiales y sociales- que llegaron a una misma conclusión: “era el primero que llegaba y el último que se iba” de cada medida de fuerza o actividad que realizaban las organizaciones.
Por ejemplo, María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), contó que una vez Balbuena le hizo una entrevista “larguísima” y que “nunca la ví publicada”.
“Lo curioso es que el tipo podía estar todos los días en cualquier horario y no se movía. Siempre quería obtener información interna, como cuánta gente integraba la organización, si había rentados, si recibíamos subsidios y hasta la relación con las demás organizaciones”, agregó en su testimonial frente a Rafecas.
