La decisión de remover por decreto al titular del Banco Central, Martín Redrado, ha cosechado críticas de abogados constitucionalistas que observan esta actitud del Ejecutivo como un paso "inconstitucional" que sortea al Congreso.
"Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados en la reforma de 1994 como un mecanismo de excepción que solamente se pueden explicar en casos de emergencia objetivamente verificables, como una catastrofre climática", explicó a pedido de Perfil.com, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
"Pero cuando se utilizan para sustituir al Congreso en materia donde este es el órgano constitucionalmente habilitado para discutirlas - porque ahí están los representantes del pueblo - se genera un gran daño al Estado constitucional de derecho, se lo debilita en una de las funciones primordiales que es la deliberación democrática y no parece existir una situacion de tamaña emergencia que permite eludir al Parlamento", agregó, contundente, el letrado.
Según Gil Domínguez, "se está violando el principio de legalidad, lo tiene que resolver el Congreso y no la Presidente. Y después, se está violando el derecho de defensa de Redrado que no tienen posibilidad de defenderse".
El presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincide: "En principio, para nosotros está fuera de la órbita del Poder Ejecutivo, se maneja con decretos. Necesita la validacion del Senado para el enroque" y sostiene que, desde su lugar, el economista podría defenderse interponiendo un amparo que habilite una medida cautelar de no innovar.
Por su parte, el constitucionalista Félix Loñ, sostiene: "El decreto de la Presidenta no es legal porque viola la carta orgánica que establece el procedimiento de remoción debe darse a través del Congreso", subrayó."Esto ya está pasando de claroscuro, se busca soslayar al Congreso", afirmó, al tiempo que sostuvo que Cristina tendrían que haber llamado a sesiones extraordinarias para remover al presidente del BCRA.
"La Presidenta está pasada de revoluciones, modifica la Carta Orgánica del Banco Central con una norma precaria, que no estará convalidada por el Congreso,atropellándolo una vez más y generando un conflicto de poderes", esgrimió el abogado, quien agregó que a partir de ahora se genera una situación precaria en la que el Congreso debería "autoconvocarse" para discutir la situación.
En el mismo sentido, el abogado Gregodio Badeni manifestó que "Redrado puede cuestionar la validez del DNU porque él tiene un mandato hasta septiembre próximo; puede hacerlo la comisión bicameral del Congreso o puede hacerlo una ONG que esté interesada en resguardar las instituciones democráticas".
