El Gobierno nacional advirtió hoy que existe un "monitoreo de Córdoba y Entre Ríos", ante posibles autoacuartelamientos de las fuerzas policiales y aseguró que "no" hay información sobre el eventual retorno de las protestas de las fuerzas de seguridad en otras provincias. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó que "ha habido una acción coordinada y la situación está debidamente resuelta" en Córdoba.
En ese contexto, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó hoy a Gualeguaychú, para supervisar los operativos que se implementaron ante las amenazas de integrantes de la policía provincial, que se transformaron en una reducida movilización.
El secretario de Seguridad mantuvo una reunión con autoridades de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional, además de jefes de la Policía provincial. El funcionario kirchnerista pidió a los jefes de las fuerzas de seguridad que garanticen el libre tránsito por la ruta nacional 14, donde se realizaron las protestas. El jefe de ministros resaltó las acciones conjuntas de la Casa Rosada con el gobernador cordobés José Manuel de la Sota para evitar nuevos desmanes y aclaró que "no" tiene "ninguna información respecto a otras provincias".
Capitanich remarcó que "está debidamente resuelta" la situación con la policía de Córdoba a raíz de la "acción coordinada" entre Nación y Provincia, luego de que se denunciaran intentos para promover una nueva revuelta entre los uniformados de ese distrito. "Hubo una acción decidida por la Presidenta (Cristina Fernández), con la presencia en Córdoba del secretario de Seguridad (Sergio Berni) y (el gobernador) José Manuel De la Sota", detalló Capitanich.
En tanto, De la Sota aclaró la noche del jueves no hay incumplimiento en el acuerdo firmado con policías durante el conflicto de diciembre, y advirtió que quien "proteste de cualquier manera y abandone a la sociedad" será "echado de la fuerza". "Se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones. El que piense eso, que se prepare para ser echado de la fuerza", sentenció el gobernador.
Al respecto, el gobierno nacional dispuso el jueves el envío a Córdoba de "mil efectivos de las fuerzas federales" y advirtió que "no va a permitir la extorsión por parte de algunos sectores de la policía".
La decisión de la Casa Rosada se produjo ante la detención en Córdoba de 17 personas, entre ellos 16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo, por su participación en el autoacuartelamiento de la fuerza provincial, que derivó en saqueos generalizados en la capital.
Entre tanto, el gobierno de Córdoba pasó a "retiro obligatorio" a 23 policías, que se sumaron así a otros cinco retirados de la fuerza días pasados. La versión oficial argumenta que se debió a una "reestructuración" de la institución dispuesta para este año. El gobernador José Manuel De la Sota firmó hoy los decretos en los que se estableció que los 23 efectivos "fueron pasados a retiro obligatorio".
Se trata de cinco oficiales superiores, 12 oficiales jefes, tres oficiales subalternos y tres suboficiales, informó el gobierno.
La decisión, agregó la norma dictada hoy, se adoptó "en concordancia con la propuesta de la Junta de Promociones y Retiros". El gobierno provincial inició los retiros cuando en los últimos días trascendió que efectivos estaban organizando nuevas protestas por distintas reivindicaciones.
