Después de las elecciones que, de acuerdo a los pronósticos, le darán una banca en el Senado, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria, junto a sus hijos Máximo y Florencia, parte de su entorno y el empresario Lázaro Báez por las maniobras de lavado de dinero en el caso Hotesur. Así lo dispuso ayer el juez federal Julián Ercolini, que investiga ese capítulo dentro de la causa de asociación ilícita, por la que ya procesó a la ex mandataria en diciembre pasado por la concesión de obra pública.
La nueva cita para la ex presidenta fue fijada para el 9 de noviembre. Para esa fecha, ella ya habrá sido electa a senadora por la provincia de Buenos Aires, según las encuestas y los resultados de la PASO, pero aún no habrá jurado para asumir su banca, que ocupará a partir del 10 de diciembre.
Apenas un rato después de la nueva cita para Cristina, el juez federal Sebastián Casanello resolvió anoche procesar a Lázaro Báez y su entorno por lavado de dinero a raíz de la obra pública que recibió en la gestión K, y le mandó la causa a Ercolini para que resuelva sobre la situación de la ex presidenta.
Para la Sala II de la Cámara Federal, todo formó parte de un mismo plan que quedó expuesto en distintas causas como pisos de un edificio: la concesión de obra pública, el lavado de dinero vía cuentas en el exterior (ruta del dinero K), y el reingreso a los fondos de los Kirchner a través de alquileres (Los Sauces).
Hotesur, el primer expediente que preocupó a la ex presidenta mientras ocupó la Casa Rosada, nació en noviembre de 2014 con una denuncia de Margarita Stolbizer y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio, eyectado de la causa tras disponer allanamientos en Santa Cruz. Luego, intervino el juez Daniel Rafecas, y desde 2016 tramita dentro de la megacausa por asociación ilícita que inició Elisa Carrió en 2008.
Fue en ese año en que los Kirchner adquirieron Hotesur SA, que manejaba el lujoso Hotel Alto Calafate, alquilado por Lázaro Báez para sus empleados, sin importar si ocupaban o no las habitaciones. Sólo por la locación de ese hotel, Valle Mitre SA (de Báez) “habría transferido entre 2008 y 2013 la suma de $ 28.597.624”, dijo Ercolini en su resolución. Así ordenó las indagatorias que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido en mayo, y mantuvo la inhibición sobre los bienes de la familia Kirchner, ya trabados en otras causas.
“Néstor Kirchner y Cristina Fernández necesitaron contar con dinero líquido ‘en blanco’ para poder justificar la adquisición de los establecimientos hoteleros Alto Calafate y Las Dunas; para ello habrían recurrido a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen –escribió el juez–. Por esta razón, habrían efectuado entre los años 2006 y 2009 múltiples negocios con las empresas del grupo Báez”.
La citación de la ex presidenta se leía en Tribunales a la luz de las próximas elecciones y la suspensión del camarista Eduardo Freiler. Las 24 indagatorias, que incluyen a Máximo, Florencia, los Báez y Víctor Manzanares, comenzarán en octubre y finalizarán en diciembre. Un eventual procesamiento recién se concretaría entrado el 2018. La situación volverá a dar lugar a un debate por sus fueros, adelantaron a PERFIL fuentes judiciales.
