La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner fue indagada este jueves en la causa Hotesur, en la que se la investiga por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial. Estaba previsto que concurra a los tribunales de Comodoro Py a las 10, pero se adelantó una hora.
Llegó acompañada por su abogado Carlos Beraldi y presentó un escrito. La ex jefa de Estado se presentó ante el juez federal Julián Ercolini, escuchó la imputación en su contra sin responder preguntas.
Qué dijo en el escrito: "Resulta imposible saber cuál es el hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo que se me atribuye, más allá de la reedición del relato que la prensa oficialista se encarga de machacar incesantemente. Es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado ni el modo en qué se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma".
"Los hechos re-denunciados, ahora como una presunta operatoria de lavado de activos -ya no como un supuesto enriquecimiento ilícito- eran los mismos que habían sido auditados por la justicia con anterioridad. Todos los hechos descriptos fueron analizados en, por lo menos, cuatro expedientes judiciales que concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos o el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito".
Y concluyó: "Además, hace ya siete años, el propio juez Julián Ercolini sostuvo que resultaba imposible renovar la persecución penal por los mismos sucesos invocándose para ello una supuesta nueva calificación jurídica".
La ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur. En la causa también están imputados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana que viene.
La empresa que dio nombre al caso es dueña del hotel Alto Calafate de Santa Cruz que, según el expediente judicial, fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y luego a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria. Esta causa es un desprendimiento de otro expediente judicial por supuesto direccionamiento de la obra pública, en el cual Ercolini ya procesó por presunta asociación ilícita a la ex presidenta y a Báez, titular de Austral Construcciones SA, entre otros.
En ese proceso, el juez dispuso en junio pasado una virtual intervención judicial de Hotesur SA, así como de las empresas Valle Mitre e Idea, vinculadas a los hoteles de la familia Kirchner, y designó "dos veedores informantes de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)". Para el magistrado los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita".
De acuerdo a la investigación, desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.
