Distintos organismos de defensa de los derechos humanos cuestionaron las nuevas políticas en materia de seguridad. Los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron los primeros en demostrar su “preocupación” por lo que consideran un “avance de la mano dura”.
Por un lado, se cuestionó el “esquema de saturación” de la Policía Bonaerense, el desembarco de Gendarmería y Prefectura en el territorio, como así también la reinstalación del debate sobre la baja de edad de la imputabilidad, propuesto por el candidato del FpV, Martín Insaurralde. “Sostenemos que éstas (medidas), lejos de resolver la problemática del delito, la incrementan, al profundizar la delegación de la seguridad en las fuerzas policiales”, indicaron a través de un comunicado de prensa.
María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), catalogó al flamante ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, como “apóstol de la mano dura” y aseguró que “en 2003 (Granados) implementó el programa Tolerancia Cero, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en las calles de Ezeiza. Uno de estos policías recontratados, José Antonio ‘Oso’ Pelozo, mejor conocido en su barrio, Villa Fiorito, como el ‘Mataguachos’, fusiló, el 3 de junio de 2003, a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en Correpi”.
Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Cepdodh), criticó “el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura”, fuerzas que calificó como partes de “un aparato represivo nacional repleto de criminales”.
Hace dos semanas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó en un comunicado que “la valiosa política de no represión instrumentada desde 2003 por el gobierno nacional presenta importantes debilidades desde 2010” y solicitó que “ese principio sea defendido por el conjunto de la sociedad y la clase política”.
La incorporación del debate de la baja de edad de la imputabilidad en la agenda electoral preocupó a Enrique Fukman, de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, quien opinó que la “problemática de los jóvenes no se soluciona mandándolos a una cárcel”.
