El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, se entregó hoy en una comisaría en Córdoba, luego de que se conociera un pedido de detención en su contra y la de su exasesor Manuel Vázquez, emitido por el juez Julián Ercolini. La causa en la que se involucra al exfuncionario es por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en el año 2005, por un monto de más de cien millones de euros.
En la resolución en la que ordenó la detención del exfuncionario kirchnerista, el magistrado indicó que "los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real", lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas”.
La adquisición, realizada en el marco del llamado "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional" demandó una erogación de algo más de 100 millones de euros, pero dado el pésimo estado de vagones y locomotoras destinados al ramal Belgrano Cargas "no sirvieron ni siquiera como repuestos", añadió Ercolini.
El juez, que le tomará indagatoria el lunes, invocó el peligro de fuga de Jaime a raíz de su "capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la justicia", así como su situación judicial, ya que ya tiene tres condenas, aunque ninguna firme, según informó la agencia Télam.
Antecedentes. Jaime cuenta ya con tres condenas y está procesado en diferentes causas judiciales por su desempeño al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009. La primera fue en 2014, donde fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba a seis meses de prisión por haber intentado robar pruebas durante un allanamiento en su casa durante la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito.
En la segunda ocasión, en octubre de 2015, el juez Ercolini lo condenó a un año y medio de prisión en suspenso por haber recibido dádivas de las empresas Trenes de Buenos Aires y Terminal de Retiro a las que debía controlar, y ordenó el decomiso de dos millones de pesos al exfuncionario.
Por último, en diciembre del año pasado fue condenado a seis años de prisión efectiva, durante la sentencia del juicio por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde un tren de la línea Sarmiento, (cuya concesión estaba a cargo de TBA), chocó contra el andén 2 de la estación de once y dejó 52 muertos y 789 personas heridas.
