En Rosario, se vio cuestionado el rol de la transparencia luego de una fuerte denuncia realizada por un abogado. El letrado indicó que un concursante para cubrir un alto cargo del flamante Ministerio Público de la Acusación -equivalente a un "Ministerio Público Fiscal"-, es en realidad un actual funcionario del Ministerio de Justicia, organismo organizador del concurso.
En este sentido, el abogado rosarino Daniel Kantor solicitó al gobernador Hermes Binner que no nombre a la persona designada, Marcelo Ignacio Hidalgo, como futuro director de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público, por haberse presentado al concurso público siendo funcionario ministerial del Poder Ejecutivo.
Marcelo Hidalgo, quien obtuvo el primer lugar en el orden de mérito concursal, actualmente se desempeña como "Director Provincial de Formación Cívica y Capacitación de Operadores Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe", tal como expresó ante los evaluadores.
A dos puntas. "Esto quiere decir que Hidalgo pasó a ser organizador y parte, porque forma parte del Ministerio, a cargo de Héctor Superti, que tiene un rol esencial para la realización de los concursos. Además, el Ministerio Público tiene una total dependencia del Ministerio de Justicia porque tiene una total carencia de recursos humanos y materiales. Por eso se firmó un convenio firmado por Superti con el fiscal general de Julio de Olazábal, a efecto del montaje de los órganos", explicó Kantor a Perfil.com.
Y agregó: "De esta manera, se viola el principio republicano de 'no injerencia'. Esto viola la igualdad de todos los participantes y se trata de una violación a la Constitución Nacional y Provincial. Para colmo, la ubicación física de la oficina de este funcionario, Hidalgo, se encuentra en el mismo lugar y comparte los mismos teléfonos que la Dirección General que estaba encargada de manera directa de los concursos".
Kantor, quien ya presentó una impugnación ante el fiscal general Olazábal y ante el Ministerio de Justicia y el de Gobierno, criticó: "Cuando se viola la transparencia, no sólo se está violando la ética, sino una ley propiamente dicha. La ley 13013, que crea el Ministerio Público de la Acusación exige seis veces transparencia en los concursos".
Según pudo constatar Perfil.com, Marcelo Hidalgo, el concursante, es coordinador de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, institución educativa de la que también forma parte el juez evaluador del concurso, Olazábal, quien es profesor de la materia Derecho Procesal Penal en esa facultad.
Inclusive, ambos brindaron capacitaciones en conjunto sobre "el nuevo sistema procesal penal". Otro de los miembros evaluadores del concurso era además Daniel Erbetta, profesor titular de la cátedra de Derecho Penal I de la misma entidad.
La respuesta oficial. Ante el pedido que se retire al funcionario del orden de mérito, Olazábal contestó: "La impugnacion debería haberse hecho durante la entrevista. El planteo es ambiguo, incierto y impreciso. Todas las personas son igualmente admisibles por idoneidad".
Daniel Kantor aún no recibió una respuesta de parte de Hermes Binner, quien tiene autoridad para nombrar o no nombrar a un concursante, pero confía en que "la transparencia", citada como bastión de la campaña política, permitirá esclarecer este concurso. Quien finalmente sea designado al cargo, recibiría inicialmente un sueldo superior a $ 16.000. El caso, llevó al diputado Alberto Daniel Monti a elevar un pedido de informes al Ministro de Justicia y DDHH provincial, el cual se sumó a cuestionamientos que hubo en otros concursos.
