Luis Pilquiman es el primer dirigente indígena que asume como autoridad del organismos a cargo de los asuntos de las comunidades, el INAI. Y lo hizo con un objetivo: generar un canal de diálogo en las zonas conflictivas donde antes intervenían las fuerzas federales tras una denuncia penal del propio Estado. Desde enero, ya intervino en el Parque Nacional Los Alerces y en terrenos reclamados al magnate Luciano Benetton.
—¿Cómo funcionará la mesa tripartita con Justicia y Medio Ambiente para evitar nuevas represiones?
—Hay una definición política de la ministra Frederic en cuanto a que Seguridad no es la instancia que debe intervenir primero ante un conflicto de estas características. Seguridad, en todo caso, debe colaborar en encaminar al diálogo.
—¿Hay que resetear la mentalidad de los últimos cuatro años de las fuerzas federales?
—Cambiar la mentalidad de las fuerzas federales es un trabajo largo, pero necesario, que debe comenzarse de una vez. Se debe entender que los indígenas son preexistentes al Estado y por qué se llega a su marginalidad y despojo. Y comprender que las fuerzas armadas también están conformadas por hombres y mujeres indígenas, no son una cosa separada del conjunto de la sociedad. Tenemos que deconstruir la mentalidad respecto a quiénes son los indígenas y por qué solo son noticia cuando hay un muerto, por hambre o bala.
—¿Tienen en mente algún proyecto en este sentido?
—Estamos trabajando en una iniciativa colectiva entre varios ministerios. Así como se hizo con la Ley Micaela, por la cual todos los funcionarios deben entender sobre cuestiones de género, lo mismo debe hacerse con los derechos indígenas.
—¿Tuvo algún reparo de parte de otros referentes indígenas por aceptar sumarse al Gobierno?
—Hemos tenido observaciones de gente que no quiere ser parte del Estado a la par de otras personas que entienden que no puede haber una persona que no sea indígena en la presidencia del INAI. Nosotros entendemos que somos parte de un movimiento en construcción y debemos seguir trabajando por un mayor protagonismo.
—¿En qué estado se encuentra el relevamiento de tierras y comunidades que fija la Ley 26.170?
—En el gobierno de Macri casi no se relevó salvo en Salta y Jujuy, con escasa participación indígena y bajo los intereses de los gobiernos provinciales, que nunca son parciales. Incluso desconocedores de los derechos de los pueblos indígenas. Sí se avanzó con carpetas de 2015 hacia atrás.
—¿Y en la Patagonia, donde ocurrieron los mayores episodios de conflicto?
—Nada, pero hemos propuesto relevar desde el nivel centralizado algunas comunidades con cuestiones de litigio. En Río Negro, por ejemplo, están previsto unos ocho relevamientos donde hay situaciones judiciales y de conflicto territorial. Es complicado porque cada provincia son diferentes realidades.
