El sindicato que lideraba el polémico Omar “Caballo” Suárez se convirtió en un campo de batalla abierto donde se entrecruzan intereses judiciales y políticos. El Gobierno lo presenta como un caso modelo para sus proyectos de democratización sindical, pero desde los gremios denuncian un acuerdo en las sombras entre el juez federal Rodolfo Canicoba Corral –quien dispuso la intervención del gremio– y el Gobierno.
Los sindicatos afirman que la intervención negocia salarios a la baja y deprime el ingreso de otras actividades del estratégico negocio portuario. Algunos hablan, incluso, de un pacto entre Daniel Angelici y el juez federal para favorecer los negocios de las poderosas multinacionales del sector marítimo. Como informó ayer PERFIL, otros llegaron a denunciar el pago de una coima millonaria del Caballo Suárez al magistrado.
Más allá de las acusaciones cruzadas, hay datos objetivos que apuntan a una convergencia entre el Gobierno y Canicoba Corral, el juez que días atrás sobreseyó al jefe de los espías macristas, Gustavo Arribas.
La clave está en la intervención de la obra social dispuesta por el juez y que dejó en manos del hermano de su actual mujer: Ramiro Tejada. El interventor de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM )cuenta, según los registros públicos, con un solo antecedente en el sector, como empleado de la Obra Social del Personal de Obras y Servicios Sanitarios (Osposs).
La designación del cuñado de Canicoba como interventor fue cuestionada en una presentación ante el Consejo de la Magistratura. El expediente N° 125/2016 tuvo como instructor al senador de la UCR Angel Rozas y decidió no avanzar con la denuncia mediante un dictamen publicado en agosto de 2016. Allí se indica que Canicoba reconoció “en su descargo que el interventor, el doctor Sergio Ramiro Tejada, es hermano de la (su) cónyuge”.
Además, indicó que la designación fue realizada “conforme a la propuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud” (SSS), un organismo dependiente del Ministerio de Salud. También explicó que la obra social es fiscalizada por este mismo organismo. El año pasado, la superintendencia transfirió un total de 14.388.327 pesos a la obra social que maneja el cuñado del juez.
Nexos. Coincidencia o no, el cuñado Tejada había trabajado en la misma obra social que el actual titular de la superintendencia. Se trata de la obra social del gremio que conduce José Luis Lingeri, uno de los gremialistas más cercanos a Mauricio Macri. El dictamen del Consejo de la Magistratura ocurrió pocos meses antes de que Canicoba delegara en diciembre “la reorganización, normalización y todas las actividades concernientes al acto eleccionario que deberá desarrollarse en el SOMU al Ministerio de Trabajo”.
Ante la consulta de PERFIL, los interventores del Ministerio de Trabajo en el SOMU indicaron, a través de sus voceros, que la administración de la obra social y el gremio “son intervenciones y gestiones totalmente independientes”. Aclaran que “ambas han sido decretadas por el Juzgado Federal que interviene en la causa, pero se manejan de manera totalmente autónoma”.
Voz oficial. Para el Ministerio de Trabajo y los interventores del gremio, hay un proceso en curso transparente, que llevará a la normalización de la organización hacia fines de año.
En el campo sindical hay, en cambio, críticas ante la prolongada intervención judicial del gremio –Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)– y la obra social –Obra Social del Personal Marítimo (OSPM)–. Ningún gremialista se anima a defender hoy al “Caballo”, detenido desde el año pasado en un proceso por enriquecimiento ilícito y extorsión, pero en reiteradas oportunidades señalaron su inquietud por la situación del gremio.
Las sospechas de un posible acuerdo entre el juez federal y el Gobierno coinciden además con una decisión del magistrado de fuerte trascendencia. Canicoba también tiene a su cargo otros expedientes sensibles, como la causa contra Arribas, titular de la AFI, porque recibió dinero de un financista vinculado a la causa Odebrecht en Brasil.
Hace dos semanas, el magistrado sobreseyó al jefe de los espías PRO por considerar que no hubo delito. El fiscal Federico Delgado apeló la decisión: la consideró prematura.
Las gestiones de Serrucho Gómez
Alejandro “Serrucho” Gómez fue señalado como el operador que “ayuda” en el trabajo del Gobierno sobre padrones y seccionales en el gremio portuario. Tiene un contrato en el Ministerio de Trabajo por intermedio de la Universidad de La Matanza, una modalidad que fue instaurada por el kirchnerismo y criticada por el actual oficialismo cuando era oposición. Desde la intervención gremial minimizaron el rol de Serrucho: “Como diferentes colaboradores, trata de sumar en tareas que pueda ir necesitando la intervención”.
Sin embargo, PERFIL pudo verificar de distintas fuentes su participación en reuniones claves en el gremio. Además, se constató que Serrucho Gómez enfrentó al menos tres denuncias penales: por violación (11711/02), ley de drogas y estafa (72226/13); las dos primeras fueron archivadas y en la última fue sobreseído.
