De la Rúa, a pasos del juicio oral por su jardinero

El ex presidente Fernando De la Rúa quedó en el umbral del juicio oral y público por la presunta contratación por parte del ex Concejo Deliberante porteño de un jardinero que, en realidad, se habría desempeñado en su quinta de Pilar.

La Sala Uno de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi, rechazó una serie de nulidades planteadas por el abogado de De la Rúa, Fernando Díaz Cantón, con lo cual quedó despejado el camino hacia el juicio oral.

Fuentes cercanas a la defensas del ex mandatario reconocieron que el único paso que resta es que el juez de instrucción, Alberto Baños, disponga la elevación del expediente al tribunal oral, instancia en la que De la Rúa deberá responder por el presunto delito de "malversación de caudales públicos".

La "Causa del Jardinero", denunciada hace casi una década por el abogado radical Juan Carlos Iglesias, fue el disparador de un escándalo que dejó al descubierto un presunto mecanismo para designar empleados -que en muchos casos desconocían esa situación- en el ex Concejo Deliberante.

Mediante ese mecanismo, según investigó un equipo de fiscales encabezado por Mónica Cuñarro, se habría financiado la actividad política en la Capital Federal.

El jardinero José Benito Pazó figuraba en los registros de empleados del Concejo Deliberante, pero según la investigación- prestaba servicios como jardinero en la casa que De la Rúa posee en Pilar, y cobraba sueldo del estado comunal.

A partir de allí, la investigación detectó una modalidad según la cual indigentes, disminuidos físicos y mentales y semianalfabetos figuraban como empleados jerárquicos del Concejo sin saberlo ellos.

Alguien cobraba, a sus nombres, los sueldos correspondientes y, de acuerdo con la investigación, ese dinero era utilizado para financiar la actividad de los distintos partidos políticos.

En mayo de 2005 la Cámara de Casación rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de De la Rúa y en 2006 la fiscal Cuñarro reiteró el pedido de elevación a juicio.

Pero entonces la defensa planteó una serie de nulidades basadas sobre la presunta "violación del principio de congruencia" y la presunta "violación del derecho de defensa".

La megacausa por los ñoquis del ex Concejo tiene medio centenar de imputados, 80 cuerpos de expedientes y dos oficinas repletas de documentación secuestrada durante múltiples allanamientos.

La causa sólo es impulsada por la fiscalía, pues la querella inicialmente la ejercía Aníbal Ibarra cuando era concejal porteño, pero luego no continuó con ese rol cuando fue jefe de gobierno, según explicaron fuentes judiciales.

Fuente: DyN